La acción fue presentada a través de la Defensoría del Pueblo con el objetivo de que el reclamo alcance a todos los sectores afectados y no únicamente a un gremio en particular. El presidente de la UEP, Rafael Resquín, explicó este martes en entrevista con RCC Radio que, tras analizar el contenido de la ley, encontraron varios artículos que consideran inconstitucionales y confiscatorios.
Uno de los principales puntos cuestionados por los gremios es la disposición que impide a trabajadores de sectores deficitarios retirar sus aportes realizados a la Caja Fiscal. “Ese aporte pertenece al trabajador y el Estado no puede apropiarse de él de manera confiscatoria”, sostuvo Resquín.
Otro aspecto central del reclamo tiene relación con los llamados “derechos adquiridos”. Según explicó el dirigente sindical, la nueva normativa modifica condiciones de jubilación de personas que ingresaron al sistema bajo reglas anteriores.
“Si una persona ingresó bajo un determinado régimen, otra ley no puede quitarle abruptamente ese derecho”, afirmó. En ese sentido, los gremios consideran que el Gobierno interpreta erróneamente esos beneficios como “derechos en expectativa” y no como derechos ya consolidados.
RECLAMAN INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO
La UEP también sostiene que el Estado paraguayo incumplió históricamente con sus aportes a la Caja Fiscal, situación que —según el gremio— explica gran parte del déficit actual.
Resquín afirmó que desde la creación de la Caja Fiscal en 1909 el Estado nunca aportó plenamente su parte y que incluso utilizó fondos de los trabajadores para cubrir otros compromisos estatales. “El Estado metió la mano en la caja de los trabajadores para pagar obligaciones que le correspondían”, denunció.
El dirigente aseguró que si el Estado hubiera comenzado a aportar correctamente desde la reforma del año 2003, actualmente la Caja Fiscal tendría un superávit cercano a los 5.500 millones de dólares.
CONVENIOS INTERNACIONALES Y DESCUENTOS SALARIALES
Entre los argumentos de inconstitucionalidad también figura el supuesto incumplimiento del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que el aporte estatal debe ser igual o superior al del trabajador.
Según Resquín, mientras el Estado aporta efectivamente cerca del 4,5%, los trabajadores llegan a aportar 24,5%. Además, cuestionó los elevados descuentos salariales establecidos por la nueva ley, señalando que en algunos casos superan límites previstos en otras normativas vigentes.
“NUNCA HUBO ACUERDO CON EL GOBIERNO”
El titular de la UEP rechazó además las versiones de que los docentes hayan acordado con el Gobierno el contenido de la ley. “Nunca acordamos nada. Eso fue propaganda política”, aseguró.
Indicó que, si bien existieron reuniones con parlamentarios y representantes del Ejecutivo, las propuestas de los gremios no fueron incorporadas y tampoco se instaló formalmente una mesa de diálogo. “Nosotros presentamos estudios actuariales y propuestas, pero nunca fueron consideradas”, afirmó.
PODRÍAN ACUDIR A INSTANCIAS INTERNACIONALES
Los gremios esperan ahora que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el recurso en un plazo breve. En caso de un fallo favorable, la ley podría quedar suspendida y el debate volvería prácticamente a foja cero, según explicó Resquín.
Si la acción no prospera, adelantó que recurrirán a organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OIT. “El problema no se está solucionando de raíz. Dentro de unos años volverán a recortar derechos si no se hace una reforma integral”, advirtió.
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