Fernández explicó que el principio básico de cualquier sistema jubilatorio es que los aportes realizados durante la vida activa de los trabajadores deben ser suficientes para cubrir los beneficios en la etapa de retiro. Sin embargo, en el caso de la Caja Fiscal, ocurre exactamente lo contrario: los gastos superan ampliamente a los ingresos, generando un déficit creciente que hoy ya es cubierto con fondos del Tesoro.
“En este momento, el Estado está poniendo alrededor de 380 millones de dólares por año de otros ingresos que tiene, sacrificando a otros sectores. Y eso va a ir creciendo hasta llegar a una situación insostenible”, advirtió el economista.
Según precisó, en los últimos diez años el Estado ya destinó cerca de 1.600 millones de dólares para cubrir el agujero de la Caja Fiscal. Recursos que no provienen de una fuente extraordinaria, sino directamente de los impuestos que paga la ciudadanía. “Ese dinero salió de los contribuyentes. Son fondos que pudieron haberse utilizado para financiar escuelas, hospitales, carreteras y otras inversiones clave para el desarrollo”, remarcó.
Fernández fue enfático en señalar que el problema no tiene marcha atrás en cuanto al déficit acumulado, pero sí puede evitarse que se vuelva explosivo. En ese sentido, explicó que la reforma actualmente planteada no busca eliminar el déficit, sino frenar su crecimiento y hacer el sistema sostenible en el tiempo. “Lo que se está planteando ahora es sostener el déficit, evitar que el agujero siga creciendo”, sostuvo.
De no adoptarse medidas urgentes, el panorama es alarmante. De acuerdo con sus proyecciones, el próximo año el Estado necesitará unos 450 millones de dólares para cubrir el déficit; al siguiente, 550 millones; luego 650 millones, hasta llegar a un punto en el que simplemente no habrá recursos disponibles para caminos, puentes, medicamentos ni obras públicas.
“Hoy ya el fisco tiene dificultades para pagar a constructores y proveedores de medicamentos. Esto es una ecuación de suma cero: lo que se pone en la Caja Fiscal se saca de otro lugar”, alertó.
El economista advirtió que no alcanzar un acuerdo tendrá un costo mucho mayor que asumir ahora una reforma parcial, incluso con el desgaste político que ello implique. “Si no se toman medidas, vamos a entrar en una crisis o a imprimir billetes para cerrar el déficit. Eso sería un verdadero desastre”, afirmó, apelando a la responsabilidad de las autoridades y de los sectores involucrados.
En la misma línea, el diputado Petersen reforzó el mensaje al señalar que los 380 millones de dólares anuales que el Estado destina a la Caja Fiscal salen, inevitablemente, del bolsillo de los contribuyentes. “Menos calles, menos hospitales. Ahora se entiende por qué no hay calles y por qué los hospitales no están en condiciones, y después nos queremos comparar con países de la región”, expresó.
Las advertencias son claras: sin una reforma que frene el desangramiento de la Caja Fiscal, el Paraguay corre el riesgo de hipotecar su futuro, limitando su capacidad de invertir en bienestar social y desarrollo económico. El costo de no hacer nada hoy será, sin dudas, mucho más alto mañana.
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