En presencia del presidente Santiago Peña y la cúpula policial, Riera se refirió al reciente operativo en la propiedad conocida como Lusipar (departamento de San Pedro), donde 800 uniformados repelieron un atropello violento. El ministro fue tajante al señalar que la Policía Nacional actuó en estricto cumplimiento del Artículo 109 de la Constitución Nacional, que garantiza la propiedad privada, mientras que los atacantes incurrieron en actos criminales bajo el disfraz de «lucha social».
El titular de la cartera del Interior denunció la hipocresía de quienes lideran estas invasiones. «Son conocidos delincuentes que fungen de dirigentes sociales o campesinos, pero que en realidad poseen hectáreas mecanizadas de tierra», afirmó. En ese sentido, Riera lamentó que estos grupos utilicen a niños y mujeres como «escudos humanos», exponiéndolos al peligro en choques violentos contra las fuerzas del orden.
Asimismo, resaltó la cobardía de los ataques perpetrados desde el monte, que resultaron en dos efectivos policiales heridos de bala —uno en la ingle y otro en el rostro—. «¿Quién se hace cargo de esto?», increpó el ministro, criticando que, pocos días después de los hechos, muchos de los responsables fueran liberados por jueces que, a su criterio, carecen de las «agallas» necesarias para aplicar la ley con rigor.
SEGURIDAD JURÍDICA PARA EL DESARROLLO
El secretario de Estado subrayó que la labor policial es el pilar de la seguridad jurídica, elemento indispensable para que Paraguay mantenga su crecimiento económico y su reciente doble grado de inversión. Aseguró que el Estado paraguayo, a través del INDERT y otros organismos, mantiene las puertas abiertas al diálogo y a la titulación de tierras para quienes realmente lo necesitan, dejando sin argumentos a quienes optan por la violencia.
«La democracia y el Estado de Derecho consisten en mantener a todos los paraguayos por debajo de la ley», sentenció. Finalmente, reafirmó su compromiso inquebrantable de defender a cada uniformado que cumpla con su deber, instando a los demás poderes del Estado a no dejar sola a la institución policial en la lucha contra la impunidad.
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