La asociación criminal (o asociación ilícita / organización criminal) es una figura del derecho penal que se refiere a la agrupación de tres o más personas que, de manera estable o sostenida en el tiempo, reparten funciones y se coordinan con el fin de cometer hechos punibles o delitos.
El Ministerio Público presentó nuevas imputaciones en la causa penal N.º 92/2026, que investiga presuntas irregularidades en las funciones de supervisión y regulación del sistema financiero, en el contexto de la crisis de Ueno Bank.
La hipótesis fiscal sostiene que habría existido una estructura organizada, con distribución de funciones entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central del Paraguay (BCP), que presuntamente habría operado para favorecer intereses vinculados al conglomerado empresarial relacionado con el Grupo Vázquez y Ueno Bank.
En ese contexto, el expresidente de la República, el expresidente del BCP y el superintendente de Bancos fueron imputados por el supuesto hecho punible de asociación criminal.
Por otra parte, tres exintegrantes del Directorio del BCP fueron imputados por asociación criminal y lesión de confianza. Uno de ellos también enfrenta cargos por supuesta producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
LAS ADVERTENCIAS TÉCNICAS QUE NO HABRÍAN SIDO ATENDIDAS
Uno de los puntos centrales de la imputación contra los exdirectivos del BCP se refiere a informes técnicos que, según la Fiscalía, advertían sobre excesos en los límites crediticios relacionados con empresas vinculadas a Ueno Bank, además de otras operaciones financieras observadas.
De acuerdo con la investigación, pese a contar con esas alertas, los entonces integrantes del Directorio no habrían promovido las medidas correctivas correspondientes.
La Fiscalía también examina el tratamiento de informes técnicos y comunicaciones institucionales del Banco Central. Entre ellas figura una respuesta remitida a la Cámara de Senadores que, según la hipótesis fiscal, habría omitido información relevante sobre observaciones realizadas a determinadas operaciones crediticias.
MEDIDAS CAUTELARES Y SEIS MESES PARA INVESTIGAR
Los agentes fiscales solicitaron distintas medidas cautelares personales y patrimoniales. Entre los requerimientos figuran prisión preventiva para uno de los nuevos imputados y arresto domiciliario con tobillera electrónica para los otros dos exdirectivos del BCP.
También pidieron la inhibición general de disponer y gravar bienes, además del congelamiento de cuentas.
El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para profundizar las diligencias, que incluyen el análisis de documentos, informes técnicos y operaciones financieras, así como requerimientos de cooperación jurídica internacional.
Las imputaciones fueron presentadas por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez Rivas y Marlene González.
Las calificaciones jurídicas son provisorias y deberán ser sometidas al proceso judicial correspondiente. Los imputados conservan la presunción de inocencia.
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