El documento, leído por el presidente de turno de la FEPRINCO y actual titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte Luraghi, expresa una profunda decepción por lo que califican como un “parche legal” que posterga la solución del déficit de la caja fiscal, señalando que, por “criterios populistas y electoralistas”, se perdió una oportunidad histórica de encarar una reforma de fondo del sistema jubilatorio público.
El sector empresarial no se limitó a cuestionar decisiones económicas. También denunció un deterioro institucional que, según sostienen, se manifiesta en el uso de fueros parlamentarios y judiciales para encubrir irregularidades.
En ese contexto, calificaron como “absolutamente intolerable” la falta de sanción en casos de alto perfil, como el escándalo vinculado a un legislador investigado por presunto título falso, señalando que estos hechos subordinan la justicia al interés político.
“LA CORRUPCIÓN YA NO SE OCULTA”
“La corrupción ya no se oculta, es visible y ofensiva”, advierte, al describir un país donde los privilegios de sectores de poder contrastan con un sistema de salud deficiente que obliga a los ciudadanos a pagar de su bolsillo servicios básicos.
El manifiesto también apunta contra la lógica del gasto estatal, cuestionando que se pretenda aumentar la carga tributaria sin corregir previamente la ineficiencia del sector público. “Extirpemos la idea de que el sector privado financie los desbordes de la clase política”, señalan, al tiempo de insistir en que el problema no radica en quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales, sino en la persistencia de la economía informal.
Asimismo, advierten sobre la “imprevisión” en el Presupuesto General de la Nación, elaborado —según sostienen— sobre supuestos irreales, lo que termina impactando en recortes de inversión en infraestructura y retrasos en pagos a proveedores.
CUESTIONAMIENTOS A PROPUESTAS “POPULISTAS”
El sector empresarial también critica iniciativas que consideran superficiales o contraproducentes, como propuestas laborales que, a su criterio, afectan la productividad y la competitividad. Las califica como “caramelos políticos” que desvían la atención del problema central: cómo generar empleos de calidad y mejorar ingresos de manera sostenible.
En esa línea, advierten que el debate sobre el salario mínimo debe ir acompañado de políticas que reduzcan el costo de vida, mediante mejoras en transporte, salud y servicios básicos.
IPS Y SALUD PÚBLICA, EN EL CENTRO DE LAS CRÍTICAS
Uno de los puntos más sensibles del documento es la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), cuya gestión es calificada como deficiente.
El sector denuncia que la institución sigue en deuda con aportantes y proveedores, y cuestiona que los asegurados deban costear medicamentos, insumos e incluso cirugías.
Además, reclaman una reforma integral urgente, mayor transparencia en compras y la incorporación de tecnología, como recetas electrónicas y sistemas digitalizados de gestión.
RECONOCIMIENTO A AVANCES DEL GOBIERNO
Pese al tono crítico, el manifiesto reconoce medidas adoptadas por el Ejecutivo, destacando decisiones consideradas relevantes para el desarrollo económico. Entre ellas, mencionan la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la implementación del Registro Único Nacional, la modernización de normativas para inversiones y maquila, así como avances en seguridad y control penitenciario.
También valoran la promulgación de leyes orientadas a fortalecer el sistema previsional y la apertura comercial, señalando que “cuando hay voluntad, Paraguay puede avanzar”.
EXIGENCIA DE REFORMAS ESTRUCTURALES
Sin embargo, el mensaje final es claro: los avances no son suficientes frente a los problemas estructurales que persisten. El sector empresarial insta al Gobierno a acelerar reformas clave, como la modernización del transporte público, la consolidación del sistema jubilatorio y la mejora en la eficiencia del gasto estatal. “Si la política no es responsable con el dinero del contribuyente, el progreso no se traduce en calidad de vida”, advierte.
En ese sentido, llaman a una dirigencia política “a la altura de los desafíos”, capaz de priorizar el bien común por encima de intereses particulares. El documento concluye con una advertencia: postergar decisiones de fondo no solo agrava los problemas actuales, sino que compromete seriamente el desarrollo futuro del país.
Dejá tu comentario