El propio ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, reconoció durante el acto de firma el sábado último que uno de los principales desafíos será lograr la incorporación efectiva de los pequeños productores al comercio internacional. Esta afirmación deja al descubierto una debilidad estructural persistente: Paraguay se abre a uno de los mercados más exigentes del mundo sin haber resuelto previamente las profundas asimetrías internas de su sistema productivo.
El acceso al mercado europeo no solo implica vender más, sino cumplir con estándares estrictos de calidad, trazabilidad, sostenibilidad ambiental y certificaciones, requisitos que hoy están fuera del alcance de miles de pequeños y medianos productores. Para este segmento, la falta de asistencia técnica permanente, financiamiento adecuado, infraestructura rural y capacidad organizativa convierte la “oportunidad” en un desafío que roza lo inalcanzable.
“Se abre un mercado de oportunidades, un mercado enorme”, señaló el ministro Giménez, al tiempo de destacar el potencial productivo del país. No obstante, la pregunta de fondo es quiénes estarán realmente en condiciones de ingresar a ese mercado.
En el escenario actual, todo indica que serán principalmente los grandes productores y agroexportadores, mientras que la agricultura familiar corre el riesgo de quedar una vez más al margen de los beneficios del comercio internacional.
Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se advierte que la apertura comercial podría profundizar las desigualdades si no se acompaña con políticas públicas firmes y recursos concretos. Sin embargo, hasta ahora, las medidas anunciadas resultan insuficientes frente a la magnitud del desafío.
La integración a cadenas de exportación con valor agregado requiere inversión sostenida, programas de capacitación masiva y una estrategia clara de fortalecimiento institucional, aspectos que históricamente han sido débiles en el sector.
El acuerdo UE–Mercosur prevé la reducción progresiva de aranceles y mejores condiciones de acceso para productos agrícolas y agroindustriales, pero estos beneficios no se traducen automáticamente en desarrollo.
Sin una acción decidida del Estado, la liberalización comercial podría consolidar un modelo concentrado, donde los mismos actores de siempre capitalizan las ventajas, mientras los pequeños productores enfrentan mayores exigencias y mayor competencia.
En este contexto, el desafío no pasa solo por celebrar la apertura de mercados, sino por preguntarse si el país está realmente preparado para competir en igualdad de condiciones. El riesgo es claro: que el acuerdo se convierta en una oportunidad desaprovechada para el desarrollo rural y, peor aún, en un factor que profundice la exclusión de quienes sostienen gran parte de la producción de alimentos en el país.
La verdadera discusión, entonces, no es si el acuerdo es positivo o negativo en sí mismo, sino si el Estado paraguayo está dispuesto a asumir el costo político y financiero de acompañar al sector agrícola en esta transición. Sin ese compromiso real, el acuerdo UE–Mercosur podría beneficiar a pocos y dejar a muchos, una vez más, fuera del juego.
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