Según la Casa Blanca, la medida busca proteger la seguridad nacional y la política exterior estadounidense frente a lo que califica como “acciones y políticas malignas del régimen cubano”. La orden habilita a Washington a imponer aranceles adicionales a las importaciones provenientes de cualquier país que contribuya al abastecimiento energético de la isla.
El decreto autoriza al Secretario de Estado y al Secretario de Comercio a adoptar todas las acciones necesarias para implementar el sistema arancelario, incluida la emisión de normas y directrices específicas. Asimismo, el presidente podrá modificar o ajustar la orden si Cuba o los países afectados adoptan medidas significativas que atiendan las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos.
ARGUMENTOS DE SEGURIDAD NACIONAL
La administración Trump sostiene que el régimen cubano representa una “amenaza inusual y extraordinaria” debido a su alineamiento con países y actores hostiles a Estados Unidos. Entre los principales señalamientos, se menciona que Cuba alberga instalaciones de inteligencia extranjera, en particular de Rusia, destinadas a recolectar información sensible de seguridad nacional estadounidense.
Además, Washington acusa a La Habana de brindar refugio a grupos terroristas transnacionales, como Hezbolá y Hamás, y de respaldar a actores desestabilizadores en el Hemisferio Occidental, lo que —según la orden— socava las sanciones estadounidenses y la estabilidad regional.
El documento también denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo persecución política, torturas, restricciones a la libertad de expresión y de prensa, y el uso corrupto de recursos estatales en detrimento del pueblo cubano.
CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA HACIA CUBA
La Casa Blanca remarcó que esta decisión se inscribe en la línea de políticas impulsadas por Trump tanto en su actual mandato como en su primer período presidencial, reiterando su respaldo al pueblo cubano y su postura de hacer rendir cuentas al régimen.
En ese contexto, recordó que en junio de 2025 se implementaron restricciones parciales de viaje a ciudadanos cubanos, citando el rol de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y su limitada cooperación en materia de seguridad y migración. Ese mismo mes, Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para reforzar la política estadounidense hacia la isla.
Desde el Ejecutivo estadounidense subrayan que esta acción forma parte de una estrategia más amplia de confrontación con regímenes considerados hostiles, reafirmando que Estados Unidos “hará rendir cuentas a dictaduras y Estados patrocinadores del terrorismo”.
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