Según el informe, la normativa —creada para proteger tanto a clínicas de aborto como a centros provida— habría sido aplicada de forma parcial, favoreciendo a organizaciones proaborto mientras se minimizaban ataques y actos vandálicos contra centros de apoyo a embarazadas.
“El Departamento de Justicia de Biden violó los derechos de los estadounidenses mediante la aplicación parcial de la Ley FACE”, señala el documento oficial, que advierte sobre una supuesta desviación del espíritu original de la ley.
SEÑALAMIENTOS CLAVE DEL INFORME
La investigación también sostiene que el DOJ habría mantenido una estrecha colaboración con organizaciones como Planned Parenthood, la National Abortion Federation y la Feminist Majority Foundation, con el objetivo de monitorear actividades de activistas provida vinculadas a la Primera Enmienda.
De acuerdo con las conclusiones: Estas organizaciones habrían proporcionado información clave que derivó en órdenes de registro y procesos judiciales. Fiscales federales habrían consultado a grupos proaborto sobre movimientos y actividades de activistas provida.
Se reportan asimismo supuestas irregularidades, incluyendo ocultamiento de pruebas solicitadas por la defensa. También se cuestiona la asistencia del DOJ para facilitar financiamiento a un grupo proaborto sin respaldo ético documentado.
DIFERENCIAS EN LAS CONDENAS
Uno de los puntos más sensibles del informe es la disparidad en las penas:
Activistas provida: promedio de 26,8 meses de prisión
Activistas proaborto: promedio de 12,3 meses
Para los investigadores, esta diferencia reflejaría un posible patrón de trato desigual en la aplicación de la justicia.
Tras conocerse los resultados, el fiscal general interino Todd Blanche anunció medidas correctivas y lanzó duras críticas al manejo anterior. “Este Departamento no tolerará un sistema de justicia de dos niveles. Ninguna institución debe llevar adelante enjuiciamientos selectivos basados en creencias”, afirmó.
Blanche aseguró que se buscará “restaurar la integridad del sistema judicial” y evitar que situaciones similares se repitan. El caso reabre el debate sobre la imparcialidad del sistema judicial en Estados Unidos, especialmente en torno a temas altamente polarizantes como el aborto.
Mientras sectores provida denuncian persecución, organizaciones proaborto sostienen que la aplicación de la ley responde a la necesidad de garantizar el acceso seguro a servicios de salud.
El informe, sin embargo, instala una acusación de fondo: que la justicia pudo haber sido utilizada como herramienta política en uno de los temas más divisivos del país.
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