López Bozo, quien cuenta con una vasta trayectoria en la exploración de la cuenca del Carandayty, enfatizó que Paraguay posee el derecho soberano de conocer el potencial real de sus recursos subterráneos. Sin embargo, aclaró que actualmente es «osado» hablar de reservas gigantescas probadas, ya que primero se deben realizar estudios avanzados que determinen la viabilidad comercial.
Ante la preocupación por la preservación de las 605.000 hectáreas del parque, el especialista desmitificó el espacio físico que requiere la industria para operar. «La tecnología actual permite realizar prospecciones satelitales previas para identificar recursos sin intervenir el terreno.
En caso de avanzar a una perforación, el área física real que se necesita en superficie es de apenas un cuadrante de 150 metros por 150 metros», puntualizó, explicando que se priorizan zonas con caminos preexistentes para evitar la apertura de nuevas picadas en la naturaleza.
Asimismo, recordó que la industria petrolera internacional opera bajo estándares ambientales muy rigurosos, con planes de mitigación fiscalizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
EL ACUÍFERO YRENDA FUERA DE PELIGRO
Uno de los puntos más críticos señalados por los sectores ambientalistas es el riesgo de contaminación del Acuífero Yrenda, la principal reserva de agua dulce subterránea del Chaco. Sobre este aspecto, López Bozo fue tajante al descartar riesgos significativos basados en la ingeniería de pozos:
Profundidad: Las perforaciones exploratorias buscan el hidrocarburo a profundidades de entre 4.000 y 5.000 metros (4 a 5 kilómetros).
Aislamiento técnico: El proceso de perforación contempla el uso de cañerías de revestimiento especiales de alta resistencia que blindan el pozo, aislando por completo el agua dulce de cualquier fluido operativo.
Fluidos seguros: Los componentes utilizados en la perforación moderna están formulados bajo estrictas normas de seguridad para no dañar el entorno interno ni externo.
El especialista ejemplificó que este tipo de operaciones en áreas protegidas con acuíferos importantes se realiza con éxito en países de la región como Brasil, Perú, Ecuador y México.
Falta de reglas claras para la inversión
Advirtió que el desarrollo energético del país enfrenta barreras que van más allá de lo ambiental. Un pozo exploratorio en el Chaco demanda una inversión de riesgo de entre 18 y 25 millones de dólares, con la posibilidad latente de que no cumpla con la producción estimada.
López Bozo criticó la falta de seguridad jurídica y la ausencia de infraestructura estratégica en la región occidental, tales como gasoductos, plantas de almacenamiento o refinerías.
Lamentó casos como el de la concesión de Primo Cano Martínez, donde se modificaron las condiciones mediante leyes posteriores a la producción, calificándolo como un acto de “falta de seriedad” que ahuyenta a los capitales internacionales.
Finalmente, el especialista urgió a mirar el gas natural como la clave para la transición energética local, especialmente ante la inminente crisis eléctrica y la vulnerabilidad geopolítica de Paraguay como país mediterráneo y dependiente al 100% de la importación de combustibles derivados del petróleo.
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