Se trata de un mecanismo de intervención previsto en el marco legal paraguayo para enfrentar situaciones en las que una entidad financiera presenta un deterioro patrimonial de tal magnitud que compromete su continuidad bajo condiciones normales de funcionamiento.
¿Qué significa que el BCP haya dispuesto la resolución? No equivale, por sí solo, a una declaración de quiebra ni significa que los depositantes hayan perdido automáticamente sus ahorros. Es un procedimiento especial que busca administrar la salida ordenada de la entidad del sistema financiero, proteger los depósitos dentro de los alcances legales y evitar que sus dificultades se extiendan a otras instituciones.
¿Qué originó la decisión?
De acuerdo con el comunicado oficial del BCP, la insuficiencia de solvencia se constató como consecuencia de ajustes realizados a los estados financieros de Ueno Bank durante un proceso de regularización.
Este antecedente es importante: la entidad ya se encontraba sometida a un proceso de regularización y supervisión, con el objetivo de corregir su situación financiera y volver a cumplir los parámetros exigidos por la normativa bancaria.
Sin embargo, los ajustes efectuados a sus estados financieros dejaron al descubierto una insuficiencia patrimonial que alcanzó el umbral establecido por la ley para activar el procedimiento de resolución.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el Directorio del BCP, mediante una resolución fechada el 2 de noviembre de 2026 y comunicada oficialmente en la madrugada del día siguiente.
¿QUÉ INPLICA CONCRETAMENTE LA RESOLUCIÓN?
La medida está contemplada en la Ley N.º 2.334/03, que establece el régimen de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera.
El artículo 13 de esta normativa establece expresamente que constituye causal de resolución que una entidad registre una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido.
Es decir, no se trata de una decisión discrecional adoptada únicamente por razones administrativas: el BCP está aplicando un mecanismo previsto en la legislación ante una situación financiera que reúne una causal legal de resolución.
Las principales consecuencias son:
1. Designación de interventores: la Superintendencia de Bancos designará funcionarios encargados de verificar la situación patrimonial de Ueno Bank y preservar sus activos.
2. Cambio en la administración: los interventores asumirán las actuaciones necesarias para llevar adelante el procedimiento, dentro de las atribuciones que les otorga la ley.
3. Restricción de operaciones: el artículo 14 dispone que, iniciado el procedimiento, la entidad debe suspender sus operaciones pasivas. Esto implica que no puede continuar captando depósitos como en condiciones normales. Las demás operaciones solo podrán realizarse a través de los interventores y con autorización expresa del BCP.
4. Protección de los depositantes: se activan los mecanismos legales para garantizar los depósitos y procurar la mayor recuperación posible de los fondos.
5. Investigación de responsabilidades: el BCP anunció que investigará las responsabilidades que pudieran corresponder y aplicará las sanciones pertinentes cuando existan elementos para ello.
¿Qué pasa con el dinero de los clientes?
Garantía legal: G. 228.300.000
Este es uno de los aspectos de mayor interés para los ahorristas.
La Ley N.º 2.334/03 establece una cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica y por entidad financiera.
A la fecha, el monto equivale a G. 228.300.000 por depositante.
Hay tres cuestiones fundamentales que deben quedar claras:
– El límite se calcula por persona y por entidad, no por cada cuenta. Por ejemplo, si una persona tiene varias cuentas en Ueno Bank, se considera el conjunto de sus depósitos para determinar la cobertura.
– Si el saldo supera el límite garantizado, eso no significa que pierda automáticamente la diferencia. El BCP anunció que utilizará los mecanismos previstos en la ley para procurar la mayor protección posible de los montos excedentes.
– La garantía debe hacerse efectiva en un plazo máximo de 15 días corridos desde la aprobación de la resolución de la entidad. La ley permite una prórroga de otros 15 días, mediante una resolución fundada del Directorio del BCP.
Importante: el inicio del procedimiento no significa que todos los clientes puedan retirar inmediatamente sus fondos por los canales habituales. El pago de los depósitos y las operaciones que puedan realizarse quedan sujetos a los mecanismos y disposiciones que se implementen durante la resolución.
¿Se trata de una quiebra o del cierre definitivo del banco?
Es importante distinguir ambos conceptos.
La resolución es un procedimiento legal especial que puede culminar con la extinción de la entidad financiera, conforme al artículo 12 de la Ley 2.334/03. Sin embargo, no equivale a una declaración judicial de quiebra desde el primer momento.
La normativa establece que, antes de llegar eventualmente a una liquidación judicial del patrimonio residual, deben ejecutarse los mecanismos de resolución y atenderse los derechos de los depositantes conforme al orden de prelación establecido.
Entre las alternativas previstas se encuentran:
– Transferir los depósitos y los activos necesarios para respaldarlos a uno o varios bancos solventes.
– Utilizar mecanismos de titularización de activos para respaldar la transferencia de depósitos.
– Si las condiciones patrimoniales no permiten aplicar las alternativas anteriores, autorizar excepcionalmente el pago de la garantía de depósitos.
Por tanto, el procedimiento no supone necesariamente que cada cliente deba acudir directamente al Fondo de Garantía de Depósitos para cobrar. La legislación prioriza mecanismos que permitan transferir la mayor cantidad posible de depósitos a otras entidades financieras.
Antecedente: el proceso de regularización
La situación de Ueno Bank debe analizarse teniendo en cuenta que el procedimiento de resolución no apareció de manera aislada.
La Ley 2.334/03 contempla una etapa previa de regularización para entidades que presentan deficiencias financieras o incumplen determinados parámetros prudenciales.
Este proceso puede incluir reposición de capital, absorción de pérdidas, venta de activos improductivos, reducción de gastos, reestructuración de pasivos y hasta programas de venta, fusión o ampliación de capital.
La regularización tiene un plazo máximo de 90 días corridos, según la normativa, y está sometida a supervisión intensiva de la Superintendencia de Bancos.
En el caso de Ueno, el propio BCP confirmó que los ajustes realizados a sus estados financieros durante ese proceso terminaron evidenciando una insuficiencia de solvencia por debajo del umbral legal que obliga a iniciar la resolución.
Además, el 2 de noviembre circularon informaciones sobre una eventual intervención y utilización del Fondo de Garantía de Depósitos. Ueno Bank había rechazado públicamente versiones sobre la aplicación del fondo y asegurado que continuaba operando con normalidad. Horas después, el BCP hizo oficial la decisión de iniciar el procedimiento de resolución.
¿QUÉ DEBE ESPERARSE AHORA?
El proceso entra en una etapa en la que el BCP deberá determinar con precisión la situación patrimonial de la entidad, identificar sus activos y pasivos y establecer qué mecanismo de resolución resulta más adecuado.
Los principales puntos que deberán aclararse son:
– El monto real de las pérdidas y la situación patrimonial de Ueno Bank.
– La cantidad total de depósitos y su distribución entre los clientes.
– Qué proporción de los ahorros está cubierta por la garantía legal.
– Qué mecanismo se utilizará para atender los depósitos que superen los G. 228,3 millones.
– Si los depósitos serán transferidos a otras entidades financieras.
– Las eventuales responsabilidades de los administradores y demás involucrados.
El BCP convocó a una conferencia de prensa para este martes 3 de noviembre, a las 07:00, en su sede, precisamente para brindar detalles sobre la decisión y los pasos siguientes.
¿QUÉ SIGNIFICA LA «RESOLUCIÓN»?
En términos sencillos, la resolución es un procedimiento legal mediante el cual el Banco Central toma el control del proceso de salida de un banco que ya no reúne las condiciones financieras necesarias para seguir funcionando normalmente.
No significa simplemente que el BCP interviene para revisar sus cuentas o que le exige corregir algunos problemas. Es una medida mucho más profunda: supone que la autoridad monetaria considera que la situación patrimonial de la entidad llegó a un nivel crítico y que corresponde activar un mecanismo especial para proteger a los depositantes y administrar sus obligaciones.
¿QUÉ ES EN LA PRÁCTICA?
En el caso de Ueno Bank, el BCP constató que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido. La solvencia es la capacidad que tiene un banco para respaldar sus operaciones y absorber posibles pérdidas con su propio capital.
Cuando esa capacidad se deteriora hasta el umbral establecido por la ley, se activa el procedimiento de resolución.
Esto implica cuatro cuestiones fundamentales:
1. El banco deja de funcionar bajo su administración habitual.
El BCP designa interventores que asumen el control del procedimiento. Estos deben examinar la situación financiera, preservar los activos y determinar cuánto dinero tiene la entidad, cuánto debe y qué recursos están disponibles para responder a sus obligaciones.
2. Se busca proteger los depósitos de los clientes.
La prioridad es determinar cómo devolver o transferir los depósitos, utilizando los mecanismos establecidos por la Ley 2.334/03. La garantía legal cubre hasta G. 228.300.000 por persona y por entidad financiera.
3. Se busca una salida ordenada de la entidad.
El BCP puede procurar que otra entidad financiera solvente absorba o reciba los depósitos y los activos necesarios para respaldarlos. Si esto no resulta viable, se aplican otros mecanismos previstos en la legislación, incluida la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos.
4. Puede terminar con la desaparición del banco como entidad financiera.
La resolución puede conducir a la extinción de la entidad y, eventualmente, a una liquidación de los activos y pasivos que queden pendientes.













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