El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) endureció su postura frente al escándalo de los títulos falsos y anunció una serie de medidas orientadas a depurar el sistema de educación superior, fortalecer los controles y determinar eventuales responsabilidades tanto en universidades como dentro de la propia estructura estatal.
Tras reunirse con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro Luis Ramírez informó que la investigación remitida al Ministerio Público ya arrojó sus primeros resultados. De los más de 500 títulos enviados para verificación, aproximadamente la mitad presenta una procedencia desconocida, lo que refuerza las sospechas sobre la existencia de un esquema de irregularidades en la expedición y registro de títulos universitarios.
Uno de los aspectos más relevantes expuestos por el secretario de Estado fue la advertencia de que quienes hayan accedido a cargos docentes o administrativos mediante títulos falsificados podrían perder sus puestos de trabajo una vez que la Justicia confirme las irregularidades. “Si la Justicia determina que el título no tiene validez, esas personas perderán el cargo que obtuvieron gracias a ese documento”, explicó.
PREDOMINAN PROFESIONAES VINCULADOS CON CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Ramírez señaló que entre los casos detectados predominan profesionales vinculados a Ciencias de la Educación, aunque también comenzaron a aparecer títulos sospechosos en otras áreas como Ingeniería. Hasta el momento, indicó que no se han identificado casos relacionados con Medicina.
El ministro explicó que existen docentes en instituciones públicas y privadas, así como funcionarios que trabajan dentro del propio Ministerio de Educación, cuyos títulos están siendo investigados.
Además de la pérdida del cargo, advirtió que las personas involucradas podrían enfrentar procesos penales por presunta adulteración de instrumentos públicos, con consecuencias que incluso podrían derivar en penas privativas de libertad.
No obstante, también reconoció la existencia de otro grupo de afectados: personas que cursaron estudios, realizaron pagos y obtuvieron títulos que posteriormente resultaron carecer de validez.
ANALIZARÁN UNA “SALIDA ACADÉMICA” A LOS SORPRENDIDOS EN SU “BUENA FE”
Ante esta situación, anunció que el MEC analizará junto con el Ministerio Público mecanismos que permitan ofrecer una salida académica a quienes actuaron de buena fe y fueron víctimas de eventuales estafas. «Tenemos que encontrar un camino para aquellos que fueron sorprendidos en su buena fe y hoy corren el riesgo de quedarse sin el título que les permite trabajar”, sostuvo.
En paralelo a la investigación judicial, el MEC inició una auditoría interna en el Viceministerio de Educación Superior para identificar posibles falencias administrativas o responsabilidades funcionales en el proceso de registro de títulos.
Ramírez confirmó que el objetivo de esta revisión es determinar si existieron funcionarios que facilitaron o permitieron la inscripción de títulos irregulares y aplicar las sanciones correspondientes. “Si encontramos personas implicadas en la inscripción de títulos que no corresponden, deberán asumir las consecuencias de sus actos”, afirmó.
El ministro explicó que una de las principales dificultades para investigar casos anteriores radica en que, durante años, el Ministerio registraba los títulos universitarios sin conservar la documentación de respaldo, ya que los originales eran retirados por las propias universidades una vez completado el trámite.
REGISTRO ÚNICO DEL ESTUDIANTE DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Para corregir esa debilidad estructural, recordó que desde 2024 se implementó el Registro Único del Estudiante de la Educación Superior (RUE), una herramienta que permite seguir la trayectoria académica completa de cada alumno, desde su ingreso hasta su graduación.
Gracias a este sistema, las autoridades podrán verificar con precisión la existencia de los estudiantes, las materias cursadas, las calificaciones obtenidas y los docentes responsables de cada asignatura.
Ramírez también destacó el proceso de reorganización que atraviesa actualmente la educación superior paraguaya. Según informó, unas 1.080 carreras ya fueron cerradas debido a que las instituciones no pudieron cumplir con los requisitos de acreditación exigidos por las autoridades.
A su criterio, este proceso está contribuyendo a “purificar” el sistema universitario y fortalecer la calidad académica. Asimismo, recordó que el MEC ya no registra títulos provenientes de carreras que deberían estar acreditadas y no lo están, mientras que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) tampoco habilita nuevas ofertas académicas que no cumplan con las exigencias establecidas.
El ministro insistió en que el objetivo es construir un sistema de educación superior con reglas claras, procesos transparentes y controles efectivos, que permita garantizar a los estudiantes que los títulos obtenidos tendrán validez legal y reconocimiento profesional.
Finalmente, señaló que, aunque existe preocupación por los casos detectados, cualquier medida contra los involucrados deberá respetar el principio constitucional de presunción de inocencia hasta que existan resoluciones firmes por parte de la Justicia.
Sin embargo, adelantó que el MEC analizará junto con el Ministerio Público mecanismos preventivos para apartar temporalmente de las aulas a aquellas personas cuyos títulos presenten serias dudas, priorizando siempre la protección del derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad.
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