Los G. 250.000 millones surgen del 25% de la inversión de G. 1 billón mencionada por el ministro Lovera. El ministro no individualizó en estas declaraciones quién habría proporcionado la información falsa ni atribuyó formalmente responsabilidades. Es importante mantener esa distinción para no presentar una acusación todavía pendiente de investigación como un hecho judicialmente probado.
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, admitió que la cartera a su cargo realizó depósitos en Ueno Bank confiando en información que posteriormente resultó no reflejar la verdadera situación económica y financiera de la entidad. El reconocimiento abre interrogantes sobre los mecanismos de verificación y control que utilizó el propio Estado antes de comprometer recursos pertenecientes a los aportantes de la Caja Fiscal.
Durante una conferencia de prensa, Lovera explicó que, al momento de concretarse las inversiones en 2025, Ueno Bank contaba con una calificación AA (doble A) de calificadoras nacionales y, de acuerdo con los registros disponibles, cumplía los parámetros establecidos en el manual de inversiones de 2019.
El ministro detalló que el MEF evaluó una disponibilidad de inversión de G. 1 billón y recibió ofertas de diez entidades bancarias. Según su explicación, el comité de evaluación analizó las tasas ofrecidas y la diversificación de los recursos, distribuyendo el dinero entre cuatro bancos.
Ueno Bank recibió el 25% de los fondos, mientras que el 40% fue colocado en BDF, el 25% en Basa y el 10% restante en otra entidad bancaria. Las tasas ofertadas por los cuatro bancos superaban el 12% y, según Lovera, la diferencia entre las mejores propuestas era de apenas cinco puntos básicos: 12,35% frente a 12,30%.
El titular del MEF sostuvo que la decisión se sustentó en la información disponible, tanto en las calificaciones de riesgo como en publicaciones de acceso público, sobre las cuales —afirmó— no existían motivos ciertos para desconfiar.
Sin embargo, el reconocimiento más significativo llegó cuando se le consultó sobre la información utilizada para justificar las colocaciones. Lovera fue categórico: “La decisión adoptada por el Ministerio de Economía fue en base a información que no reflejaba la verdadera situación financiera económica de la institución. Más fácil, era información falsa”.
¿QUIÉN VERIFICÓ LA INFORMACIÓN ANTES DE DEPOSITAR?
La admisión del ministro deja planteada una cuestión central: ¿cómo pudo el Ministerio de Economía comprometer recursos de la Caja Fiscal sin advertir que la información financiera y las calificaciones utilizadas para respaldar las inversiones no reflejaban la situación real del banco?
No se trata solamente de determinar si Ueno presentó información falsa o si las calificadoras incurrieron en alguna responsabilidad. También corresponde esclarecer qué controles independientes realizó el MEF, quiénes integraron el comité de evaluación, qué documentación examinaron y qué funcionarios autorizaron finalmente las operaciones.
Lovera anunció que el Ministerio está preparando una denuncia relacionada con los fondos depositados, al considerar que la decisión se adoptó sobre la base de información que no reflejaba la realidad de la entidad.
Aseguró, además, que el Gobierno utilizará todas las acciones a su alcance para lograr la restitución de los recursos, que pertenecen a los aportantes de la Caja Fiscal.
EXPOSICIÓN EQUIVALE AL 8% DE LOS DEPÓSITOS DE LA CAJA FISCAL
El ministro intentó transmitir tranquilidad respecto al impacto inmediato de estas colocaciones y explicó que los fondos permanecen a plazo, por lo que no existe una exigencia de disponibilidad inmediata.
Precisó que la Caja Fiscal mantiene aproximadamente G. 3,1 billones depositados en distintas entidades del sistema financiero y que los recursos comprometidos en Ueno representan alrededor del 8% de ese total.
Aunque Lovera aseguró que no habrá un efecto inmediato en el corto plazo, la situación vuelve a poner bajo la lupa la administración de los fondos previsionales, especialmente porque se trata de recursos que deben contar con mecanismos rigurosos de seguridad, transparencia y protección.
La crisis de Ueno Bank no solamente deja expuestos a miles de ahorristas privados y a instituciones públicas. También compromete recursos de la Caja Fiscal, en un momento en que el propio sistema previsional enfrenta serias dificultades de sostenibilidad.
La pregunta ya no es únicamente cuánto dinero quedó comprometido en Ueno, sino quién debe responder por haber confiado en información que el propio ministro de Economía reconoce ahora como falsa.
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