La inclusión financiera es el acceso universal, seguro y oportuno de todas las personas y empresas a productos y servicios financieros formales —como cuentas de ahorro, créditos, seguros y sistemas de pago digitales— que se adaptan a sus necesidades y están regulados para garantizar su protección.
Su propósito central no es solo que la población tenga una cuenta bancaria, sino que aprenda a usarla a través de la educación financiera, lo que permite a las familias planificar su futuro, a los emprendedores hacer crecer sus negocios y, en consecuencia, reduce la pobreza al integrar a más ciudadanos a la economía formal del país.
La reunión, respaldada por el Decreto N.º 1971/2014, estuvo liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera. Participaron también el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y el titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Carlos Romero Roa.
La ENIF 2026–2031 representa la primera actualización profunda de esta política pública en más de diez años. Tomando como base los avances logrados desde el plan original (2014–2018), que se enfocó principalmente en el acceso al sistema, la nueva estrategia da un salto cualitativo.
Ahora, la prioridad se expande hacia: El uso efectivo y la calidad de los servicios financieros. La educación financiera y la protección al consumidor. La reducción de barreras para el ahorro y el financiamiento formal. La masificación de los pagos digitales y la infraestructura conectada.
Objetivo central: Lograr que el crecimiento del sistema financiero se traduzca en decisiones más informadas, servicios adecuados y una relación segura y transparente entre usuarios y entidades.
PRÓXIMOS PASOS Y GOBERNANZA
Para llevar la teoría a la práctica, el CNIF aprobó los lineamientos para conformar grupos de trabajo mixtos (público-privados) que garanticen resultados medibles. Asimismo, se designó a Vivian Ocampos (directora general de Inclusión Financiera del MEF) como secretaria ejecutiva del Comité, con la misión de articular el diálogo entre todos los actores involucrados.
Con estas acciones, el país recupera un espacio estratégico de gobernanza y pone en marcha una hoja de ruta con visión de largo plazo para el desarrollo económico inclusivo.
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