La clave de la denuncia radica en la antigüedad y validez de la documentación que la familia posee. “Nosotros tenemos los documentos, nosotros también tenemos el expediente de 1991, él [su padre] tiene todos los recibos, él ha pagado todo por su terreno, pero hace poco nos enteramos de que estaba a nombre de otra persona”, afirmó a RCC María Fátima Penayo, denunciante.
Los lotes 97, 98 y 99, que suman 60 hectáreas, fueron objeto de pagos íntegros al INDERT en 1991, según los recibos que obran en poder de la familia. Sin embargo, por razones no especificadas, el título de propiedad nunca fue retirado por el padre de la denunciante. Este vacío administrativo, presuntamente, fue aprovechado para que el valioso terreno fuese registrado a nombre de otra persona.
EL MISTERIO DE LA DOBLE TITULACIÓN Y EL INTERÉS INMOBILIARIO
El valor actual de la propiedad agrava la situación. María Fátima Penayo señaló que una sola hectárea en la zona se cotiza en el mercado inmobiliario en cientos de millones de guaraníes. Por lo tanto, las 60 hectáreas representan un patrimonio que asciende a varios millones de dólares.
La pregunta central que la familia lanza al INDERT es cómo fue posible titular una propiedad que ya contaba con un expediente de pago y recibos emitidos por la misma institución. Penayo y su familia sospechan que la transferencia pudo haberse realizado mediante una venta a precio vil, una adjudicación irregular o, en el peor de los casos, a través de un mecanismo fraudulento.
La situación actual en el predio es tensa. La familia se enteró de la irregularidad porque el terreno ya estaba siendo ocupado por un tercero, identificado como Sebastián Spencer, a quien la denunciante confrontó. “Yo le dije que ese terreno le pertenecía a mi papá, y que yo tenía los documentos. Y él me dijo, no, ese es mío. Anda a reclamar a otra persona tu terreno, me dijo.”
El ocupante, a su vez, admitió no poseer el título, alegando que la persona que le vendió era quien debía entregarle el recibo, lo que añade una capa de irregularidad a la cadena de transferencia.
DESAMPARO INSTITUCIONAL Y EL TEMOR A RECLAMAR
La frustración de la familia Penayo se intensifica por la falta de apoyo encontrado en las esferas gubernamentales locales. Al llevar toda la documentación y las carpetas que avalan su reclamo ante el intendente, la respuesta fue la evasión. “Yo no sé también qué hacer, me dijo, porque yo también tengo un pero con el presidente. En este momento yo no te puedo ayudar, me dijo.”
La denunciante extendió su queja al gobernador, señalando que sus llamadas y mensajes tampoco recibieron respuesta. Este silencio institucional deja a la familia en una situación de total desamparo frente a un presunto despojo que se habría orquestado desde la propia entidad reguladora de la tierra.
Además, el factor intimidación se suma al drama. Penayo mencionó el «temor» de la familia a reclamar abiertamente debido a la reputación de la persona que figura como ocupante en las noticias. A pesar de esto, la familia ha decidido hacer pública su lucha, exigiendo una investigación transparente y la restitución inmediata de los lotes 97, 98 y 99. La denuncia pone en tela de juicio los procesos de titulación del INDERT y la seguridad jurídica de los propietarios de tierras en el país.
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