Consultado por RCC Radio sobre esta situación este miércoles, el ministro Carlos Giménez intentó esta mañana bajar el tono a la controversia, aunque admitió que los productores atravesaron un momento difícil tras la intervención.
Señaló que visitó en dos ocasiones la finca, destacando el “impresionante trabajo” que realizan, especialmente en la producción de cebollas tempraneras que abastecen el mercado local a inicios de año. En esa línea, remarcó que se trata de producción nacional y de calidad.
No obstante, el conflicto se originó a partir del uso de bolsas recicladas de procedencia extranjera, lo que encendió las alertas sanitarias y aduaneras. Según explicó el ministro, la normativa vigente prohíbe la reutilización de estos envases debido a posibles riesgos fitosanitarios, ya que podrían transportar enfermedades. Este punto habría sido clave para justificar la intervención de las autoridades.
Pese a ello, Giménez afirmó que la auditoría realizada finalmente no encontró responsabilidad en los productores, quienes alegaron que las bolsas eran utilizadas únicamente para manejo interno. “Se demostró que son productores”, insistió, aunque reconoció que “algo habrá generado” la sospecha inicial que derivó en el procedimiento.
El episodio, sin embargo, deja todavía dudas. Por un lado, un organismo estatal instala públicamente la sospecha de contrabando; por otro, el MAG termina desvinculando de culpa a los afectados y resaltando su aporte a la producción nacional. En el medio, productores que denuncian haber sido maltratados y expuestos públicamente.
La situación evidencia, una vez más, la falta de coordinación institucional y el impacto que decisiones apresuradas pueden tener sobre trabajadores del campo, que pasan en cuestión de días de ser ejemplo productivo para quedar bajo sospecha.
APARATOSA INTERVENCIÓN E INCAUTACIÓN DE CAMIONES
Cabe recordar que en octubre del año pasado un grupo multinstitucional, conformado por la DNIT, SENAVE, Aduanas, y con el respaldo fiscal y policial, allanaron la estancia “Nueva Esperanza”, localizada en la Picada 500, propiedad de la familia Hiebert, productora de cebolla en bulbo.
Tras la aparatosa intervención, casi toda la cosecha de la familia, de cebolla paraguaya producida en el Chaco, fue decomisada y enviada, primero a Mariscal Estigarribia, luego al depósito fiscal de GICAL, en Mariano Roque Alonso, para finalmente ser devuelta en su totalidad, bajo el argumento de que eran de producción nacional.
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