Una comitiva del Ministerio Público ingresó este jueves a Mburuvicha Róga para ejecutar un allanamiento en el marco de la investigación penal relacionada con la crisis de Ueno Bank y las presuntas responsabilidades atribuidas al expresidente Santiago Peña.
El procedimiento, encabezado por la fiscala Silvia González, comenzó poco antes de las 09:00 y se concentró inicialmente en las oficinas que utilizaba el exmandatario, además de otras dependencias administrativas de la residencia presidencial.
De acuerdo con las informaciones preliminares, el objetivo de la diligencia es localizar y recoger documentación que pueda aportar elementos relevantes a la investigación. No se trata de un operativo para detener personas, sino de una medida de búsqueda y recolección de evidencias.
La intervención tiene una relevancia institucional particular: se trata de un allanamiento en la sede de la Presidencia de la República, un espacio que hasta hace pocos días estaba ocupado por Santiago Peña y que ahora se encuentra bajo la administración de Pedro Alliana, quien asumió el Ejecutivo tras la destitución de su antecesor.
ALLIANA GARANTIZA COLABORACIÓN Y PROMETE CERO PRIVILEGIOS
Tras conocerse el procedimiento, el Gobierno emitió un pronunciamiento institucional en el que garantizó plena colaboración con la Justicia y manifestó su respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial.
El presidente Pedro Alliana fijó una posición contundente frente a las actuaciones fiscales: «Cero impunidades y cero privilegios: nadie está por encima de la ley».
El Ejecutivo aseguró que seguirá trabajando para que se esclarezcan los hechos y para que los ahorristas de Ueno Bank continúen cobrando sus depósitos.
El mensaje busca establecer una clara diferenciación entre la actuación del actual Gobierno y las eventuales responsabilidades que puedan surgir de la investigación sobre la administración anterior. Sin embargo, la garantía de colaboración deberá traducirse también en acceso efectivo a la documentación y a todos los elementos que los investigadores consideren necesarios.
UNA INVESTIGACIÓN QUE ALCANZA AL ENTORNO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
El allanamiento de Mburuvicha Róga se suma a una serie de procedimientos realizados por la Fiscalía en distintos puntos vinculados con el caso Ueno.
En los últimos días, los investigadores intervinieron las viviendas del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, de donde incautaron documentos, computadoras, dispositivos electrónicos y otros elementos que serán sometidos a peritajes.
También fue allanada una residencia vinculada a Peña en San Bernardino, donde los fiscales abrieron una bóveda de seguridad que estaba vacía. Durante esa diligencia se incautaron documentos y equipos informáticos, y la administración del inmueble fue entregada a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La Fiscalía investiga las decisiones relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos y previsionales en la entidad y las actuaciones de autoridades y exautoridades estatales.
En una actualización de sus investigaciones, el Ministerio Público informó que existen 27 personas imputadas en una de las causas y que fueron identificadas alrededor de 37 empresas y 35 personas vinculadas. Los investigadores trabajan en cuatro frentes: determinar responsabilidades, rastrear patrimonios, recuperar activos y reunir evidencias.
EL DESAFÍO DE RECUPERAR EL DINERO Y DETERMINAR RESPONSABILIDADES
La intervención de Mburuvicha Róga constituye un nuevo capítulo de una crisis que trascendió el ámbito bancario y terminó provocando una profunda conmoción política e institucional.
La investigación debe establecer cómo se produjo el deterioro de la entidad, qué decisiones permitieron la colocación de importantes recursos públicos y privados, quiénes conocían la verdadera situación financiera del banco y si existieron actuaciones deliberadas para favorecer intereses particulares.
El allanamiento de la residencia presidencial también pone a prueba el compromiso de las nuevas autoridades con el esclarecimiento de los hechos. No bastará con proclamar que nadie está por encima de la ley: será necesario garantizar que los investigadores puedan acceder a toda la información, sin interferencias ni protección política.
Mientras tanto, miles de ahorristas siguen esperando recuperar la totalidad de sus recursos.
La consigna de «cero impunidades y cero privilegios» planteada por Alliana tendrá que sostenerse con hechos, transparencia y resultados judiciales. El país necesita conocer quiénes fueron responsables del colapso de Ueno Bank y, fundamentalmente, que los perjuicios ocasionados no terminen siendo asumidos por los ciudadanos.
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