Villalba manifestó que, según el informe técnico de la Contraloría, realizado “in situ”, el fracaso del acueducto no fue un accidente, sino una consecuencia inevitable de una planificación deficiente desde sus inicios en el año 2012. Dijo que se ignoraron los diseños originales, se cometieron errores topográficos y eléctricos severos, y se pretendió finalizar en un solo año una obra que no tenía precedentes en el país.
Expresó que el dato más escalofriante revelado por la auditoría es la paupérrima calidad de los materiales: se detectó una avería relevante cada 75 metros en promedio. Los tubos utilizados ni siquiera contaban con certificación en obra, lo que demuestra una falta total de control por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el periodo 2013-2020, que incluyen a los gobiernos de Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.
Cabe acotar que los consorcios y firmas fiscalizadoras que participaron, tanto de la construcción de dicha infraestructura como de la fiscalización también están plenamente identificado por la auditoría realizada por el ente contralor.
RESPONSABLES EN LA MIRA
De los 100 millones de dólares invertidos, al menos 41 millones presentan irregularidades directas detectadas en verificaciones in situ. Sin embargo, Villalba fue tajante al señalar que, dado que la obra está completamente inoperativa, el daño patrimonial podría abarcar la totalidad del monto.
La ciudadanía exige respuestas: ¿Quiénes autorizaron el uso de materiales defectuosos? ¿Por qué el MOPC permitió que se avance con un diseño que los técnicos califican de «inmaduro»? Mientras los responsables intentaban «parchear» soluciones sobre la marcha, el pueblo chaqueño sigue esperando el agua que ya pagó con sus impuestos. Este caso no puede quedar en el olvido; es imperativo que los responsables rindan cuentas ante la justicia por este saqueo al Estado.
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