El cuestionamiento a la normativa fue analizado por el abogado Francisco Núñez, asesor jurídico de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay (ASIEP), durante el programa Salvando Vidas, emitido por RCCTV este domingo. Sostuvo que la resistencia a la ley no responde a una defensa de derechos, sino a la pérdida de espacios de poder construidos sin control público.
Según Gutiérrez, muchas organizaciones que hoy se presentan como víctimas de un supuesto avance autoritario del Estado operan alineadas a agendas políticas definidas fuera del país. Señaló que organismos multilaterales como la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos actúan en función de intereses políticos de los Estados que los integran, y que esos lineamientos se trasladan a ONGs locales a través del financiamiento y la cooperación internacional.
En esa misma línea, mencionó la incidencia histórica de agencias como la USAID y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyos recursos —afirmó— permitieron a determinadas organizaciones influir en la formulación de políticas públicas sin haber pasado por el voto ciudadano ni por controles estatales.
RECHAZO AL CONTROL Y TEMOR A LA EXPOSICIÓN
La Ley N.º 7363/24 no prohíbe actividades ni restringe la existencia de organizaciones civiles. Se limita a exigir información básica: origen de los fondos, destino de los recursos, programas ejecutados y responsables técnicos. Sin embargo, este nivel mínimo de transparencia fue suficiente para que varias ONGs recurrieran a la vía judicial.
Entre ellas se encuentra la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que presentó una acción de inconstitucionalidad alegando arbitrariedad estatal y un supuesto intento de control excesivo. Para Gutiérrez, ese planteamiento busca instalar deliberadamente la narrativa de un “Estado policial” con el objetivo de bloquear cualquier auditoría sobre actividades que hasta ahora se desarrollaron sin rendición de cuentas.
“Si no hay nada que ocultar, no existe razón para oponerse a informar de dónde provienen los fondos, cómo se utilizan y quiénes los administran”, señaló, cuestionando el rechazo frontal de las ONGs a normas que rigen para otros sectores de la sociedad.
LA CORTE Y UN PRECEDENTE CLAVE
El abogado advirtió que una eventual declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia dejaría fuera del control legal a las organizaciones accionantes y consolidaría un esquema en el que actores privados, financiados desde el exterior, continúan influyendo en decisiones públicas sin responsabilidad institucional.
A su criterio, el debate no es jurídico sino político: se trata de definir si el Estado paraguayo conserva la facultad de saber quién financia, diseña y ejecuta proyectos con impacto social, o si ese rol queda en manos de estructuras paralelas que no rinden cuentas a la ciudadanía.
La discusión en torno a la Ley N.º 7363/24 expone así un conflicto de fondo: transparencia y soberanía frente a organizaciones que rechazan el control estatal, pero reclaman influencia directa en la orientación de políticas públicas.
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