En diálogo con RCC Radio este viernes, el legislador afirmó que, pese al aumento sostenido del presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), el desabastecimiento persiste y se agrava. Recordó que el presupuesto del instituto pasó de unos USD 42 millones en 2023 a cerca de USD 100 millones en la actualidad, pero advirtió que “la falta de fármacos sigue siendo un problema crítico”.
Vaesken atribuyó la crisis a la acumulación de deudas del Estado con proveedores. Según detalló, el Ministerio de Salud mantiene compromisos por más de USD 775 millones con farmacéuticas, a lo que se suman unos USD 260 millones en medicamentos adquiridos mediante amparos judiciales. En total, la deuda rondaría los USD 1.000 millones.
A su criterio, esta situación explica por qué, pese a contar con mayores recursos, el sistema no logra garantizar el suministro. “No es solo burocracia: no se está pagando”, sostuvo.
Además, señaló que la crisis se ve agravada por el funcionamiento del Instituto de Previsión Social (IPS), que —según denunció— habría reducido la compra de medicamentos, derivando a sus asegurados al INCAN para acceder a tratamientos oncológicos.
AMPAROS JUDICIALES: ÚNICA SALIDA, PERO DESIGUAL
El legislador indicó que los amparos judiciales se han convertido en la principal vía para que los pacientes accedan a medicamentos, aunque advirtió que el mecanismo es lento, desigual y costoso. Si bien reconoció que la legislación vigente es suficiente, cuestionó su aplicación práctica. “El problema no es la ley, es que no se cumple”, afirmó.
También alertó que el sistema de amparos podría estar generando distorsiones, como la compra de medicamentos a precios más altos y posibles intereses económicos detrás de estos procesos. “Para algunos, esto se ha convertido en un negocio que agranda el agujero del Estado”, denunció.
SOSPECHAS SOBRE CALIDAD DE MEDICAMENTOS
Otro punto crítico expuesto por Vaesken es la presunta adquisición de fármacos no originales. Explicó que existen medicamentos originales, biosimilares y copias, y cuestionó que algunos productos de menor calidad se estarían comprando a precios similares a los originales.
“¿Cómo se decide qué paciente recibe un medicamento original y quién una copia? Son preguntas que deben investigarse”, planteó, al tiempo de señalar que ya solicitó informes a las instituciones correspondientes.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y CRÍTICA AL MODELO ECONÓMICO
El diputado también apuntó al Ministerio de Economía y Finanzas por la falta de transferencia oportuna de recursos, aunque responsabilizó directamente al presidente Santiago Peña por la crisis.
Según su análisis, el Gobierno prioriza indicadores macroeconómicos —como el control del déficit fiscal— en detrimento de la inversión social. “Se cuida la macroeconomía, pero se descuida la micro, la que impacta en la gente”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó que el Estado mantenga cifras fiscales ordenadas a costa de no pagar a proveedores ni ejecutar plenamente el gasto público, lo que termina afectando servicios esenciales como la salud.
UNA CRISIS SIN RESPUESTA INMEDIATA
Mientras tanto, pacientes oncológicos continúan recurriendo a protestas y acciones judiciales para acceder a tratamientos que, por ley, deberían estar garantizados. La situación, advirtió Vaesken, refleja un sistema “desbordado”, donde la falta de gestión y previsión pone en riesgo la vida de miles de personas.
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