El extenso documento —de aproximadamente 120 páginas— denuncia la falta de respuestas institucionales frente a un esquema de estafas y descuentos irregulares que involucra a 145 empresas de cobranzas, aunque hasta el momento solo 19 fueron investigadas y apenas dos empresarios imputados.
El reclamo también se fundamenta en un posible conflicto de intereses: según los denunciantes, el hermano del ministro Diesel, Óscar Diesel Junghanns, figura como accionista de Carsa, una de las compañías más señaladas en el esquema ilícito. “No tenemos soluciones. A pesar de las mesas de diálogo y manifestaciones, seguimos desprotegidos”, sostuvo Pedro Coronel, vocero de las víctimas.
PROCESO PODRÍA ALCANZAR A LOS NUEVE MINISTROS
Si bien la solicitud apunta inicialmente a César Diesel, los afectados señalan que la responsabilidad podría extenderse al resto de los integrantes de la Corte Suprema. “Que los diputados evalúen el grado de responsabilidad de los demás ministros”, afirmó Coronel.
Los firmantes sostienen que el pedido se apoya en tres pilares jurídicos: Incumplimiento del rol institucional. Delitos en el ejercicio del cargo. Delitos comunes.
El caso ya derivó en procesamientos que alcanzan a una jueza de Paz, actuarios y funcionarios judiciales, además de abogados de empresas de cobranza, lo que —según las víctimas— evidencia la profundidad del esquema y sus conexiones dentro del sistema de justicia. Con esta iniciativa, las víctimas esperan que el Congreso escuche finalmente una demanda que, aseguran, lleva meses sin respuestas concretas.
Dejá tu comentario