Organizaciones civiles, un sector de la prensa y especialistas en transparencia advierten que la ley, tal como fue aprobada, podría convertirse en una herramienta para blindar a funcionarios cuestionados y entorpecer investigaciones periodísticas sobre corrupción. La preocupación central radica en que la legislación permite a las instituciones reservar datos que antes eran accesibles, bajo el argumento de “información personal”, incluso cuando se trata de antecedentes relevantes para evaluar la conducta de servidores públicos.
Entre los puntos más criticados se encuentran la posibilidad de restringir el acceso a declaraciones juradas, antecedentes laborales, sanciones administrativas e incluso información que permita reconstruir casos de mal manejo de fondos públicos. Sectores de la oposición sostienen que la ley abre la puerta a que funcionarios investigados por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o uso indebido de recursos puedan exigir que datos clave sean ocultados.
Además, se cuestiona que la autoridad de aplicación —dependiente del Ejecutivo— tenga amplias facultades para decidir qué información se considera pública y cuál no, lo que podría concentrar un poder discrecional en manos del propio gobierno.
A pesar de que la normativa busca alinearse con estándares internacionales de privacidad, los críticos señalan que Paraguay no enfrenta hoy un problema de “exceso de transparencia”, sino de corrupción estructural que requiere mayor acceso a información, no menos. Por eso, sostienen que la promulgación de Peña significa un serio retroceso para el control ciudadano y la rendición de cuentas.
Mientras el Gobierno defiende la ley como un «paso hacia la modernización» en materia de datos personales, diversos sectores anticipan que iniciarán acciones para evitar que se convierta en un escudo para quienes desean operar en la sombra.
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