La crítica apunta a que, debido a la falta de programas favorables a la natalidad en el Plan, surge como una potencial amenaza la reducción del mercado interno, puesto que menos nacimientos significan, a futuro, menos consumidores jóvenes que impulsen el crecimiento de la demanda de bienes, servicios y vivienda. Esto llevaría a un estancamiento económico generalizado.
Asimismo, la falta de dinamismo económico y las altas cargas sociales y tributarias pueden incentivar la fuga de capital humano y talento joven a otros países con mejores perspectivas demográficas y económicas, disminuyendo la capacidad, tan cacareada por este Gobierno, de innovación y productividad de Paraguay.
Aunque la población puede reducirse aún más, la demanda de ciertos servicios aumentará con el envejecimiento poblacional, teniendo en cuenta que una población más longeva requiere más recursos de salud, especialmente para el tratamiento de enfermedades crónicas y el cuidado a largo plazo. Esto puede conllevar a costos sanitarios altos y una saturación de los servicios.
En ese contexto, se requiere de una inversión creciente en infraestructuras y personal para el cuidado de los mayores, lo que significaría un desvío de recursos que podrían destinarse a la inversión productiva o la educación. En resumen, al omitir la dimensión demográfica, el PND 2050 ignora una “bomba de tiempo socioeconómica”; y la prosperidad futura del país no solo depende de la infraestructura y la innovación, sino fundamentalmente de contar con una población joven, dinámica y suficiente que pueda financiar y sostener ese desarrollo.
PROPIEDAD PRIVADA NO ES SOLO ES DERECHO INDIVIDUAL
El sector insiste, además, en que el derecho de propiedad privada no es solo un derecho individual, sino la base de la economía de mercado. Su ausencia explícita genera una incertidumbre jurídica que desalienta la inversión y el ahorro: Desincentivo a la Inversión y el Ahorro: La falta de seguridad jurídica sobre los bienes de capital (tierra, fábricas, inmuebles) desincentiva la inversión a largo plazo. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, requieren certeza de que sus activos no serán confiscados o expropiados arbitrariamente.
Y como consecuencia, el capital huye o se oculta, limitando el crecimiento económico y la creación de empleo. La omisión deja a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad ante posibles acciones arbitrarias del gobierno, como expropiaciones, regulaciones excesivas o impuestos confiscatorios. En ese sentido, consideran que la propiedad privada es esencial para la libertad personal.
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