Durante meses, el bloque oficialista de Honor Colorado mantuvo una cohesión inquebrantable para salvar a Rivas de la pérdida de investidura, incluso ante las evidencias de que el parlamentario nunca cursó la carrera de Derecho. Sin embargo, el fallo de la Sala Penal de la Corte —que calificó de incorrecto el análisis previo de prescripción— rompió el consenso interno.
El líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, admitió que la situación se volvió «insostenible». Según relató, tras una comunicación entre la cúpula oficialista y el afectado, Rivas optó por dar un paso al costado para «sacar la discusión del Parlamento» y trasladar su defensa exclusivamente al ámbito judicial.
EL ESQUEMA DEL «TITULO DE CONTENIDO FALSO»
La Fiscalía acusa a Rivas por la producción y uso de documentos públicos de contenido falso. La hipótesis sostiene que el legislador utilizó un título universitario ilegítimo de una institución privada para acceder a una matrícula profesional y, posteriormente, ser designado como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales.
El caso no solo estuvo marcado por el proteccionismo político en el Senado —que llegó a rechazar su expulsión en diciembre de 2023— sino también por la sombra de la intimidación. La fiscala Patricia Sánchez, quien impulsó la investigación, denunció meses atrás haber recibido mensajes amedrentadores relacionados con este proceso, un hecho que suma tensión a una causa que ahora, finalmente, llega a la instancia de juicio.
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