El senador del PLRA Líder Amarilla, en declaraciones a RCC Radio, sostuvo que el caso evidencia fallas estructurales en los órganos de control, especialmente en la Contraloría General de la República, institución que —según afirmó— debería actuar con mayor independencia frente al poder político.
Amarilla cuestionó duramente el funcionamiento del organismo contralor, señalando que, pese a contar con rango constitucional, no está cumpliendo plenamente su función de control del gasto público. “El problema es que la Contraloría tiene rango constitucional, pero no controla absolutamente nada”, aseveró el legislador.
Según Amarilla , uno de los principales inconvenientes radica en el sistema político que permite que el partido de gobierno tenga influencia directa en la designación del contralor, lo que a su criterio debilita la independencia institucional.
“El que oficialismo gobierna y la oposición controla. Esa es la lógica de la democracia”, sostuvo Amarilla, al recordar que históricamente la Contraloría había sido encabezada por representantes vinculados a sectores opositores.
A su entender, cuando el organismo encargado de fiscalizar responde políticamente al mismo sector que administra el poder, el control se vuelve débil o inexistente, lo que abre la puerta a irregularidades en distintas instituciones del Estado.
LA POLÉMICA EN LA GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN
El caso que desató la controversia está vinculado a la Gobernación de Concepción, donde surgieron cuestionamientos tras la difusión de un costoso festejo de 15 años de la hija de la gobernadora, situación que generó fuertes críticas y sospechas sobre el uso de recursos públicos. En medio de la polémica, el Senado adoptó una drástica medida administrativa que retira la administración de los fondos del programa Hambre Cero a la gobernación.
Según explicó Amarilla, la decisión implica que los recursos destinados a este programa social serán administrados directamente por el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de garantizar mayor control y transparencia en su ejecución. La medida también alcanzaría a la Gobernación de Alto Paraná, según indicó el legislador.
¿CASTIGO ADMINISTRATIVO O CONTROL PREVENTIVO?
Para Amarilla, la decisión del Senado representa una reacción institucional ante un hecho que generó indignación pública, y destacó que incluso legisladores del Partido Colorado acompañaron la medida. “Fue una medida administrativa interesante. Hay que reconocer que varios colegas, incluso del Partido Colorado, tomaron la decisión ante un hecho escandaloso”, señaló.
El senador sostuvo asimismo que transferir la administración de los recursos a una institución del Poder Ejecutivo podría servir como mecanismo preventivo para asegurar que el programa cumpla su objetivo social. El programa Hambre Cero fue creado con la finalidad de garantizar alimentación a estudiantes en instituciones educativas públicas, uno de los ejes de la política social del Estado.
INVESTIGACIÓN Y EVENTUALES RESPONSABILIDADES
Amarilla aclaró que la decisión administrativa adoptada por el Senado no sustituye las investigaciones que deben realizar los órganos de control. Explicó que los antecedentes del caso deben ser remitidos a la Contraloría para una auditoría completa y, en caso de detectarse irregularidades, los hechos podrían ser derivados al Ministerio Público. “Que se haya tomado una medida administrativa no significa que no se investigue. Si hay hechos punibles, tienen que enviarse a la Fiscalía”, afirmó.
DEBATE SOBRE TRANSPARENCIA EN PROGRAMAS SOCIALES
El caso también reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión de programas sociales financiados con recursos públicos, especialmente aquellos destinados a sectores vulnerables. Para varios sectores políticos, cualquier irregularidad en iniciativas como Hambre Cero no solo representa un problema administrativo, sino que afecta directamente la credibilidad de políticas públicas orientadas a combatir la pobreza y la inseguridad alimentaria.
En ese contexto, el senador Amarilla insistió en que el país necesita instituciones de control verdaderamente independientes, capaces de fiscalizar la gestión pública sin interferencias políticas. “El control es una parte esencial de la democracia. Cuando no funciona, los abusos terminan apareciendo”, concluyó.
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