Los representantes del sector educativo exigieron que el aporte estatal a la Caja Fiscal jubilatoria sea elevado al 14%, frente al exiguo 3% que contempla la propuesta remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento. La Caja Fiscal arrastra un déficit cercano a los USD 400 millones anuales, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, una cifra que el propio Gobierno reconoce como insostenible.
Sin embargo, para los gremios docentes, la solución planteada no ataca el problema de fondo y se limita a trasladar el peso del descalabro financiero a los funcionarios públicos, especialmente a los sectores con menores salarios.
“Quieren equilibrar la Caja aumentando la edad jubilatoria y endureciendo las condiciones para los aportantes, pero el Estado sigue aportando apenas un 3%. Eso no es una reforma: es un ajuste encubierto”, denunciaron los sindicalistas.
EL ESTADO ES EL “PRINCIPAL DEUDOR”
Los gremios recordaron que el Estado, como empleador, es el principal responsable del deterioro de la Caja Fiscal, tanto por su bajo nivel de aporte histórico como por la falta de políticas sostenidas para garantizar su equilibrio. En realidad, actualmente aporta “cero por ciento”.
“Mientras se habla de déficit, el Gobierno se niega a asumir su parte. Con un 3% (planteado en la reforma) no hay sistema jubilatorio que aguante. El aporte debe ser del 14% como mínimo”, remarcaron.
RECHAZO FRONTAL A ELEVAR LA EDAD JUBILATORIA
Otro de los puntos que generó mayor tensión fue el rechazo absoluto a elevar la edad mínima de jubilación, una de las columnas del proyecto oficial. Los docentes advirtieron que los 57 años son innegociables, atendiendo al desgaste físico, emocional y profesional que implica la carrera docente. A su criterio, extender la edad jubilatoria equivale a condenar a miles de educadores a trabajar hasta el límite de sus capacidades, sin garantías de una jubilación digna.
ADVERTENCIA DE CONFLICTO SOCIAL
Durante la reunión, los gremios anunciaron que presentarán formalmente sus propuestas y observaciones, pero dejaron en claro que no aceptarán una reforma impuesta.
Si el Congreso avanza con el proyecto tal como fue enviado por el Ejecutivo —manteniendo el aporte estatal en 3% y elevando la edad jubilatoria— no descartan movilizaciones, protestas y un conflicto social de gran escala, con el sector educativo a la cabeza, y que las clases del año lectivo del 2026 no se inicien.
UN DEBATE QUE PROMETE ESCALAR
La discusión sobre la reforma de la Caja Fiscal se perfila como uno de los debates más sensibles del año legislativo, con alto impacto social y político. Mientras el Gobierno insiste en la urgencia fiscal, los gremios docentes advierten que no permitirán que el déficit se pague con los derechos adquiridos de los trabajadores.
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