En sesión extraordinaria y tras un extenso debate, en el que se escuchó duras críticas contra el presidente Santiago Peña, y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Senado, que incorpora ajustes para suavizar el impacto sobre los sectores afectados y “mejorar” el equilibrio financiero del sistema previsional.
Cabe recordar que, desde la Cámara de Senadores se había defendido la versión aprobada, asegurando que responde a un “consenso casi total” entre actores políticos y sectores involucrados (los docentes, militares, policías y magistrados judiciales. Según se explicó, el nuevo texto busca frenar el déficit de la Caja Fiscal sin aplicar medidas abruptas que generen un shock inmediato sobre los aportantes.
El resultado es una reforma que mantiene el espíritu de ajuste, pero introduce matices que permiten al oficialismo construir una narrativa de equilibrio entre sostenibilidad y protección social.
MÁS APORTES Y MAYOR PARTICIPACIÓN DEL ESTADO
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es el incremento del aporte al 19% para sectores considerados deficitarios, como docentes, magistrados, policías y militares. En contraste, los sectores superavitarios conservarán el 16%.
A esto se suma un elemento clave: el Estado pasará a aportar el 10% como contribución patronal, un punto que el Senado presentó como un avance frente a la versión inicial, al transparentar —al menos en el papel— el rol estatal en el financiamiento del sistema.
La normativa redefine también condiciones de acceso a la jubilación. Para docentes y magistrados, se establece una edad mínima de 53 años con 25 años de aporte, con una tasa de sustitución inicial del 78%, que puede escalar hasta el 90%.
Entre los cambios introducidos, destaca el reconocimiento de hasta dos hijos como años de servicio para mujeres docentes, así como un régimen de transición que permitirá optar entre el sistema actual y el nuevo a quienes ya cuenten con 20 años de aporte.
POLICÍAS Y MILITARES: MISMO ESQUEMA, NUEVAS REGLAS
En el caso de la Policía Nacional del Paraguay y las Fuerzas Armadas del Paraguay, se fija la jubilación a partir de los 55 años con 25 años de servicio, manteniendo un esquema de cálculo basado en los últimos cinco años de salario.
Aunque el Senado introdujo modificaciones que el oficialismo presenta como mejoras, el trasfondo del debate sigue intacto: la sostenibilidad de la Caja Fiscal frente a un déficit creciente y la carga que recaerá sobre los distintos sectores.
El allanamiento de Diputados, lejos de cerrar la discusión, confirma la correlación de fuerzas dentro del Congreso y deja en evidencia que, más allá de los ajustes técnicos, la reforma avanza bajo una lógica política donde el margen de resistencia es cada vez más reducido.
Con la aprobación final prácticamente asegurada, la nueva normativa entrará en vigencia tras su promulgación, abriendo una etapa de implementación que pondrá a prueba si los cambios introducidos logran realmente equilibrar el sistema o si, por el contrario, trasladan el problema hacia el futuro.
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