Para Soroka, refugiarse en el vencimiento de los plazos sería un acto de «cobardía y falta de coraje». La postura oficial es clara: el Senado ejercerá su rol revisor, analizando cada artículo y escuchando las críticas de los sectores afectados, principalmente el docente.
La crítica más ácida del legislador se centró en la autoridad moral. Soroka sostuvo que el Congreso no puede exigir «sacrificios» a los trabajadores mientras los legisladores mantengan sus propios beneficios intactos.
«Nosotros jamás podemos pedir sacrificio desde el privilegio. Te deja sin ninguna autoridad moral con relación a lo que puedas opinar sobre la otra caja», sentenció el parlamentario.
Soroka advirtió que no es ético cargar el déficit de la Caja Fiscal sobre los hombros de los contribuyentes a través de otros impuestos, especialmente cuando los afectados no tienen mecanismos de defensa ante estas imposiciones.
EL FIN DE LA CAJA PARLAMENTARIA: ¿DERECHO ADQUIRIDO O ERROR HISTÓRICO?
En un giro que promete sacudir la interna legislativa, Soroka ratificó que impulsará la eliminación de la jubilación parlamentaria. Desestimó los argumentos que tildan la medida de inconstitucional bajo el concepto de «derechos adquiridos».
El argumento: Según el senador, si se demuestra que la caja fue mal gestionada o constituida de forma errónea desde sus inicios, el «derecho adquirido» es inexistente.
La propuesta: Realizar un prorroteo de lo aportado, devolver lo correspondiente y cerrar definitivamente la caja. Con esta postura, el Senado busca desmarcarse de la celeridad de la Cámara de Diputados, enviando un mensaje de que la reforma no pasará sin antes revisar los privilegios que «irritan a la gente».
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