El proyecto surge como una respuesta directa a la creciente ola de delitos informáticos. Ya sea un caso de ciberbullying, acoso sexual a través de redes sociales, robo de información (como el vaciamiento de cuentas bancarias) o cualquier otro crimen que deje un rastro digital, la evidencia en un celular, una computadora o un servidor es vital.
El abogado Sergio Mendoza, autor del proyecto, señaló en el programa televisivo “Siglo a Siglo”, emitido este domingo por RCCTV, que la ley es necesaria porque “todo es a través de esto” (refiriéndose a la tecnología). Si la evidencia digital se pierde o se manipula, el caso puede caerse, dejando a las víctimas desprotegidas e impunes a los delincuentes y criminales.
Evitar la Pérdida: La norma busca que la evidencia no se pierda o se degrade, garantizando su integridad y autenticidad para el juicio. Investigación eficaz: Al darle un marco legal claro a la conservación, se permite que las instituciones trabajen de manera más eficaz.
DEL CIUDADANO A LAS INSTITUCIONES: UNA VISIÓN INTEGRAL
Mendoza explicó que su trabajo previo se había enfocado en la protección digital del ciudadano común, sin importar su rango, clase social, etc. Sin embargo, este nuevo proyecto mira hacia el otro extremo: fortalecer a los organismos del Estado encargados de la seguridad y la justicia.
El proyectista puso un ejemplo gráfico: si cae un cargamento ilegal, lo primero que se incauta es el teléfono. ¿Por qué? Porque la parte digital (contactos, chats, movimientos) es donde se encuentran las conexiones y los responsables. «Hoy cae un avión en el Chaco con dos toneladas de cocaína y lo primero que se incauta es la evidencia que el piloto o dueño de la carga tiene su teléfono. Las instituciones quieren su información digital, porque ahí van a tener los contactos con quien está hablando”, explicó Mendoza.
Al reglamentar cómo se tiene que conservar esa información, se asegura que cuando el Ministerio Público la presente ante el Poder Judicial, esta sea legal y válida, fortaleciendo el sistema de justicia en la lucha contra la ciberdelincuencia y los crímenes tradicionales con base digital. El proyecto actualmente se encuentra en estudio en el Congreso, como parte de un “paquete de leyes del ámbito digital”.
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