Consultado sobre la propuesta del diputado Carlos Núñez, quien plantea un eventual juicio político al presidente Santiago Peña y cuestiona la constitucionalidad del uso de fuerzas militares en tareas de seguridad interna, Núñez optó por la prudencia institucional. Afirmó no conocer en profundidad la iniciativa, aunque sostuvo que antes de hablar de juicio político, “los políticos deberíamos hacernos un juicio a nosotros mismos”.
Recordó además que la Constitución es clara: el juicio político se inicia en la Cámara de Diputados, por lo que consideró impropio que senadores “barajen” esa posibilidad sin que exista un proceso formal.
Respecto al decreto del Poder Ejecutivo vinculado a seguridad, el titular del Congreso evitó adelantar una postura. Señaló que primero analizará el contenido con su equipo de asesores jurídicos y constitucionales antes de emitir una opinión oficial, marcando distancia de los posicionamientos apresurados en un tema sensible.
Uno de los ejes centrales fue la reforma de la Caja Fiscal, sobre la cual Núñez negó la existencia de una sanción automática o ficta. Afirmó que la postergación del tratamiento ya implicó una definición política: avanzar hacia modificaciones consensuadas.
Recordó que esa decisión se tomó en presencia del ministro de Economía, del vicepresidente de la República y de legisladores de distintos sectores, con el compromiso de escuchar a docentes, militares, policías, magistrados y demás afectados.
El presidente del Congreso admitió que el tratamiento podría adelantarse, aunque dejó claro que cualquier movimiento dependerá de acuerdos políticos y sociales. “No se puede imponer una versión sin consenso”, sostuvo, asegurando que el objetivo es llevar tranquilidad a los sectores involucrados y evitar una reforma impuesta desde el poder.
ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA
En cuanto al acuerdo MERCOSUR–Unión Europea, Núñez reconoció que Paraguay está retrasado en comparación con otros países de la región, como Argentina. Atribuyó la demora al receso parlamentario y adelantó que el tema será tratado con celeridad una vez reiniciadas las sesiones, posiblemente durante marzo.
Negó que exista un rechazo fuerte dentro del Partido Colorado y aseguró que el sector productivo expresó su respaldo, destacando que el acuerdo contempla instancias de negociación bilateral para resguardar los intereses nacionales.
Sobre el Instituto de Previsión Social, tras la exposición del presidente del ente, Jorge Brítez, Núñez defendió la actual gestión. Comparó la administración actual con la anterior, a la que responsabilizó por la desaparición de aproximadamente 250 millones de dólares en fondos cuya trazabilidad, dijo, sigue siendo desconocida. Afirmó que, mientras el titular del IPS cuente con la confianza del Ejecutivo, él, como miembro del oficialismo, mantendrá su respaldo político.
INVESTIGACIÓN DE HAMBRE CERO
El tramo más áspero de la conferencia surgió al abordar el programa Hambre Cero y las denuncias sobre presuntos excesos de gobernadores, en un contexto donde el Estado mantiene deudas millonarias con empresas proveedoras.
Núñez reconoció que la Contraloría General de la República debe investigar no solo Hambre Cero, sino la gestión de todos los gobernadores, intendentes y ministros, sin distinción partidaria. Incluso propuso que el Congreso apruebe una investigación general a los 17 gobernadores, evitando —según dijo— la selectividad política.
No obstante, también defendió a algunos jefes departamentales cuestionados, relativizando denuncias mediáticas y señalando que la riqueza personal o el estilo de vida no necesariamente prueban irregularidades, una postura que deja abierta la discusión sobre los límites entre percepción pública, ética política y control institucional.
Finalmente, Núñez confirmó que marzo será un mes “muy movido” en el Congreso, con la inclusión del acuerdo SOFA con Estados Unidos en la agenda legislativa. Anunció que impulsará audiencias públicas para escuchar a todos los sectores antes de avanzar, buscando evitar que decisiones estratégicas en materia de soberanía y defensa se adopten sin debate ciudadano.
La exposición de Basilio Núñez reflejó un Congreso atrapado entre la cautela institucional y las urgencias políticas, donde los consensos se anuncian como condición indispensable, pero las tensiones —sociales, económicas y éticas— siguen sin resolverse.
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