La iniciativa se da en medio de una profunda conmoción política y económica tras la intervención de la entidad financiera Ueno Bank y la crisis desatada en el sistema de seguridad social. El documento ingresado en la Cámara Baja atribuye al mandatario responsabilidades políticas y administrativas estructuradas en cinco ejes principales:
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Conflicto de intereses y «puertas giratorias»: Los acusadores sostienen que el mandatario mantuvo participaciones patrimoniales en el conglomerado vinculado a la entidad financiera tras asumir el cargo. Asimismo, señalan la colocación de exdirectivos de la firma privada en instituciones clave de supervisión y regulación estatal, como la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP).
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Concentración de fondos del IPS: La acusación expone la flexibilización de criterios de riesgo normativos para derivar recursos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS) hacia la mencionada entidad mediante instrumentos financieros, superando supuestamente los topes legales permitidos por emisor.
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Exceso en límites crediticios e inacción de control: Se señala el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas por montos que habrían sobrepasado los límites patrimoniales fijados por la Ley de Bancos, acusando a los organismos supervisores de convalidar esquemas de cesión de cartera y al mandatario de omitir sus atribuciones de control.
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Cuestionamiento a la evolución patrimonial: El escrito incluye un apartado sobre el incremento del patrimonio neto de Peña en sus declaraciones juradas en los últimos años, agregando interrogantes sobre préstamos personales concedidos al jefe de Estado con cuotas mensuales incompatibles con su remuneración pública.
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Riesgo sistémico y pérdida de confianza: Se argumenta que las decisiones adoptadas deterioraron la credibilidad del sistema financiero nacional, exponiendo a vulnerabilidad fondos públicos y previsionales.
El pedido cuenta con el respaldo de sectores de la oposición, de legisladores de la bancada disidente del Partido Colorado y desde hoy de casi todos los diputados de la ANR. Para que la acusación prospere y el Senado se constituya en tribunal juzgador, la Constitución Nacional exige una mayoría calificada de dos tercios de la Cámara de Diputados. De no alcanzarse la votación requerida, el proyecto será archivado.
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