En un escenario de creciente tensión social, el presidente del Congreso, el senador colorado cartista Basilio Núñez, asumió este lunes, tras una audiencia pública de la cual también participo el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, un discurso frontal en defensa de la iniciativa del Poder Ejecutivo (aprobada con leves modificaciones por la Cámara de Diputados) y lanzó una advertencia política contundente: calificó de “inmoral” no avanzar con la reforma para frenar el déficit del sistema jubilatorio estatal.
Las declaraciones se produjeron durante la audiencia pública realizada este lunes en el Congreso Nacional, convocada en la víspera del debate en plenaria, y funcionaron como un mensaje directo tanto a la oposición como a los sectores sindicales movilizados. Núñez rechazó de manera tajante los cuestionamientos sobre un supuesto tratamiento apresurado del proyecto y sostuvo que el argumento del “apuro” es una excusa para no asumir costos políticos.
Desde la visión del oficialismo, seguir postergando la reforma implica consolidar un esquema financieramente inviable, que obliga al Estado a cubrir con recursos del Tesoro un déficit que no deja de crecer y que, según cifras oficiales, rondó los 400 millones de dólares en 2024.
Para el cartismo, el debate dejó de ser técnico y pasó a ser eminentemente político: o se toman decisiones estructurales ahora, o se transfiere el problema a los contribuyentes y a las próximas administraciones.
QUÉ SE PONE EN JUEGO CON LA REFORMA
El Senado analizará la versión modificada del proyecto original, aprobada por Diputados tras intensas negociaciones, pero que mantiene los ejes centrales de la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas.
Entre los puntos más controvertidos figuran: La imposición de edades mínimas para la jubilación en todas las cajas del sector público. El aumento del aporte de los afiliados en los regímenes deficitarios. La reforma impacta de lleno en sectores históricamente sensibles: docentes del magisterio nacional, fuerzas de seguridad, docentes universitarios y magistrados judiciales, lo que explica el nivel de conflictividad que rodea el tratamiento legislativo.
GREMIOS MOVILIZADOS Y AMENAZA DE PARALIZACIÓN
Del otro lado, los gremios rechazan el proyecto y acusan al Gobierno de intentar cerrar una reforma estructural “a las apuradas”, sin un debate profundo ni consensos sociales.
El sector docente encabeza la resistencia y ya amenaza con una huelga nacional el 23 de febrero, fecha prevista para el inicio del año lectivo, lo que coloca al Ejecutivo ante un escenario de alto costo político y social si la ley es aprobada sin cambios.
Las movilizaciones previstas para mañana buscan presionar directamente a los senadores, en una jornada que podría marcar un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno y los sindicatos del sector público.
UNA VOTACIÓN QUE MARCARÁ ALINEAMIENTOS
La sesión de mañana no solo definirá el futuro inmediato de la Caja Fiscal, sino que también expondrá con claridad los alineamientos políticos dentro del Senado: oficialismo, oposición y sectores que dudan entre acompañar la reforma o atender el reclamo de las bases sindicales.
Más allá del resultado, el tratamiento del proyecto deja en evidencia que la reforma previsional dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una batalla política abierta, donde están en juego recursos públicos, poder sindical y la capacidad del Estado de imponer cambios estructurales.
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