“Estamos avisando, advirtiendo, solicitando y, en el mejor sentido de la palabra, rogando a los campesinos que no se dejen instrumentar”, expresó este miércoles en conferencia de prensa. Riera sostuvo que algunos dirigentes con aspiraciones políticas estarían promoviendo la movilización, utilizando a pequeños productores como base de apoyo para “preparar una campaña electoral hacia 2028”.
El ministro aseguró que el Gobierno está dispuesto a escuchar al grupo y a buscar soluciones reales, siempre dentro del marco legal. Para ello pidió información precisa: cuántas familias son, dónde están asentadas y qué tipo de tierra requieren. “Si esa tierra no puede ser, porque está prohibida por ley y está sujeta a la reforma agraria, nosotros podemos conseguir otra tierra», afirmó.
Añadió: Dígannos cuántos son, dónde están y qué necesitan, y el Estado va a responder”, prometió. Explicó que, en coordinación con el INDERT, ya se resolvieron casos similares en otras zonas del país mediante acuerdos y reubicaciones consensuadas.
ADVERTENCIA: LA POLICÍA TENDRÁ QUE ACTUAR
Riera también fue categórico al afirmar que, en caso de concretarse una invasión, la Policía Nacional estará obligada a intervenir. Señaló que la institución no puede desobedecer la ley ni ignorar órdenes judiciales, por lo que cualquier ocupación irregular derivará en el despliegue de fuerzas y eventuales detenciones. “Si invaden la propiedad, la Policía no tendrá otra alternativa. El cumplimiento de la ley no es opcional”, enfatizó.
IMPUTADOS Y PROCESOS ABIERTOS
El ministro recordó que ya existen antecedentes recientes que derivaron en imputaciones por instigar ocupaciones ilegales. Entre los procesados citó a Elio Benítez, Ernesto Benítez Yambay, Rodolfo Salazar López, Juvencio Antonio Cabrera, Rubén Palacio Arce, Silvia Leticia Peláez Martínez y Sito Villalba Cabrera. Algunos fueron detenidos; otros siguen sin presentarse ante el Ministerio Público.
Riera afirmó que la Fiscalía encontró méritos para procesarlos y que varios cuentan con prisión domiciliaria. Esto, dijo, demuestra que el Estado no tolerará la repetición de actos ilegales promovidos por terceros.
LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD
Finalmente, el ministro apeló directamente a las bases campesinas: “No se expongan por intereses ajenos. No se dejen utilizar. El Estado está dispuesto a encontrar soluciones, pero dentro de la ley”. El Gobierno espera que el diálogo pueda descomprimir la tensión y evitar un nuevo conflicto territorial, uno de los más sensibles y recurrentes en el campo paraguayo.
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