Durante un acto sobre la implementación de estos dispositivos, Riera recordó que Paraguay era el único país de Latinoamérica que aún no había puesto en práctica este mecanismo pese a que la ley que lo habilita fue aprobada hace nueve años. Según sostuvo, durante mucho tiempo la falta de reglamentación fue utilizada como argumento para postergar su aplicación.
El ministro explicó que uno de los principales obstáculos fue la indefinición sobre qué institución debía administrar y supervisar el sistema. Finalmente, esa responsabilidad recayó en la Policía Nacional, encargada de instalar los dispositivos, monitorear su funcionamiento y actuar en caso de incumplimiento de las restricciones judiciales.
“HAY 1.000, PERO SOLO SE HAN USADO 130”
Sin embargo, lamentó que la herramienta continúe siendo subutilizada. “Tenemos mil tobilleras disponibles y se han usado solo 130”, afirmó, al tiempo de señalar que la decisión de aplicar esta medida corresponde a jueces, fiscales y defensores públicos dentro del marco de las medidas alternativas a la prisión.
Riera reveló que el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, insiste permanentemente en la necesidad de ampliar el uso de las tobilleras electrónicas debido a que representan una alternativa mucho más económica que mantener a una persona privada de libertad. “Quiere vaciar sus cárceles porque esto cuesta la mitad de lo que sale un PPL y además permite que una familia pueda seguir funcionando de manera medianamente normal en ciertos casos”, expresó.
El titular de Interior destacó que la herramienta puede utilizarse en casos de delitos menores, accidentes de tránsito, pequeñas estafas y situaciones de violencia familiar, permitiendo controlar al agresor y mantenerlo alejado de la víctima mediante perímetros digitales monitoreados en tiempo real.
RESPUESTA MUCHO MÁS EFECTIVA
En ese sentido, sostuvo que el sistema ofrece una respuesta mucho más efectiva que las tradicionales órdenes de restricción. Recordó que numerosos casos de feminicidio estuvieron precedidos por denuncias y antecedentes de violencia, pero que el Estado muchas veces llegó tarde para evitar las tragedias.
“La única forma de que este hombre siga produciendo para mantener a su familia es con una tobillera electrónica”, afirmó, al explicar que la tecnología permite establecer rutas autorizadas entre el hogar y el lugar de trabajo, garantizando control permanente sin necesidad de encarcelamiento.
8.000 PERSONAS CON PRISION DOMICILIARIA
El ministro también llamó la atención sobre las cerca de 8.000 personas que actualmente cumplen prisión domiciliaria. Según indicó, muchas de estas medidas requieren la asignación de policías para verificar su cumplimiento, una tarea que consume recursos humanos que podrían destinarse al combate directo contra la delincuencia.
Como alternativa, anunció que el Gobierno trabaja en un sistema complementario basado en teléfonos celulares con geolocalización, reconocimiento facial y controles biométricos aleatorios, destinado a mejorar la supervisión de procesados por delitos menores.
Finalmente, Riera instó a jueces, fiscales y abogados a utilizar con mayor frecuencia las herramientas tecnológicas disponibles. “La ley tiene nueve años, el reglamento tiene cuatro, tenemos las tobilleras y no las podemos usar”, lamentó, insistiendo en que el sistema puede contribuir significativamente a descongestionar las cárceles, optimizar los recursos policiales y reforzar la seguridad ciudadana.
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