El procedimiento involucró a unos 160 agentes penitenciarios y ocho directores de distintas cárceles del país, quienes ejecutaron una intervención simultánea en todos los pabellones, áreas logísticas y sectores de visitas del penal, actualmente bajo intervención.
Según detalló Peña, el objetivo fue constatar directamente las condiciones internas del establecimiento y detectar posibles irregularidades. Como resultado, se incautaron un teléfono celular, conexiones eléctricas irregulares y pequeñas cantidades de alcohol de fabricación casera, además de otros objetos no permitidos en las celdas. “El penal amaneció limpio de elementos prohibidos”, aseguró el funcionario, calificando el operativo como un paso más en el fortalecimiento de la seguridad.
SIN ARMAS, PERO CON SOSPECHAS INTERNAS
Uno de los datos más relevantes del procedimiento es que no se hallaron armas de fuego ni armas blancas, lo que fue considerado un aspecto positivo por las autoridades. Sin embargo, la presencia de un teléfono celular dentro del penal encendió alertas sobre posibles fallas en los controles internos.
Peña reconoció que este hallazgo sugiere la existencia de personal penitenciario comprometido, por lo que ya se iniciaron tareas de inteligencia para identificar a los responsables. En caso de confirmarse irregularidades, adelantó que se aplicarán sanciones administrativas.
INTERVENCIÓN TRAS FUGAS DE ALTA PELIGROSIDAD
El operativo se da en un contexto crítico para la penitenciaría de Minga Guazú, donde recientemente se registraron fugas de personas privadas de libertad (PPL), incluyendo ocho internos de alta peligrosidad de un módulo de máxima seguridad, así como otro caso posterior.
Estas situaciones motivaron la intervención del penal y el despliegue de medidas extraordinarias, entre ellas la realización de requisas con personal externo, buscando garantizar imparcialidad y mayor control.
NUEVOS CONTROLES Y REFUERZO DE SEGURIDAD
Como parte de las medidas adoptadas, se designó un jefe de revisión dependiente del Viceministerio de Política Criminal, encargado de supervisar estrictamente el ingreso y salida de personas, insumos y materiales dentro del penal.
Este control abarcará visitas, funcionarios, agentes penitenciarios y contratistas, con el objetivo de evitar el ingreso de elementos prohibidos y elevar los niveles de seguridad. Además, las autoridades confirmaron que este tipo de operativos se replicará de forma aleatoria en otras penitenciarías del país.
DEPURACIÓN DEL SISTEMA Y CAMBIOS EN EL PERSONAL
El director también se refirió al proceso de depuración interna en el sistema penitenciario, señalando que ya se han apartado a decenas de funcionarios por falta de compromiso. Solo en enero, 45 agentes no fueron renovados en sus contratos.
Peña explicó que, a diferencia de años anteriores, actualmente se exige capacitación previa para el ingreso al sistema, con el objetivo de profesionalizar el servicio penitenciario y evitar prácticas irregulares.
REFUERZO EN EMBOSCADA Y ALERTA PREVENTIVA
En paralelo, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el penal de Emboscada, donde se mantiene una alerta preventiva debido a la reclusión de una persona vinculada al presunto narcotraficante Sebastián Marset.
Peña aclaró que no existe información concreta sobre amenazas, pero que se han intensificado los controles como medida preventiva, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
TRABAJO COORDINADO ENTRE INSTITUCIONES
El funcionario destacó que las acciones forman parte de una estrategia de trabajo conjunto entre instituciones del Estado, impulsada desde el Gobierno, que incluye al Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia.
En ese marco, recordó operaciones recientes como la intervención en la penitenciaría de Tacumbú y el traslado de internos vinculados a organizaciones criminales. “El objetivo es fortalecer el sistema penitenciario y garantizar condiciones de seguridad más estrictas”, concluyó.
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