La iniciativa, que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios de organismos y entidades del Estado de la administración central a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la adquisición de medicamentos y establece medidas excepcionales para su ejecución”, busca responder a uno de los principales reclamos de la ciudadanía: la falta de medicamentos en los hospitales y centros de salud públicos.
Según la exposición de motivos, el proyecto parte de la premisa de que el acceso a medicamentos constituye un componente esencial del derecho a la salud, reconocido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales suscritos por Paraguay.
El documento sostiene que miles de paraguayos acuden diariamente a hospitales públicos con la expectativa de recibir una atención integral, pero con frecuencia deben comprar sus medicamentos con recursos propios o incluso interrumpir tratamientos debido al desabastecimiento.
REASIGNACIÓN DE RECURSOS, NO MÁS GASTO
La propuesta establece que los recursos serán obtenidos mediante una redistribución excepcional de créditos presupuestarios financiados con fondos del Tesoro Nacional correspondientes a determinados rubros de la Administración Central.
En concreto, plantea transferir recursos de los grupos de gasto 200 (Servicios No Personales), 300 (Bienes de Consumo e Insumos) y 500 (Inversión Física) por un monto no inferior a G. 500.000 millones, destinados exclusivamente a fortalecer el presupuesto para la compra de medicamentos del Ministerio de Salud.
El proyecto enfatiza que la medida no implica un incremento del Presupuesto General de la Nación, ni un aumento del déficit fiscal, ni la contratación de nuevas deudas, sino una optimización de los recursos ya existentes mediante la redefinición de prioridades.
SALUD COMO PRIORIDAD NACIONAL
En la exposición de motivos, Leite sostiene que el presupuesto público debe responder a las necesidades más urgentes de la población y que, en circunstancias excepcionales, algunos gastos administrativos pueden ser postergados cuando está en juego la protección de la vida y la salud.
Argumenta que garantizar medicamentos oportunamente no solo mejora la atención sanitaria, sino que también evita complicaciones médicas, reduce internaciones prolongadas y disminuye los costos generales del sistema de salud.
El legislador considera que cada medicamento disponible en un hospital público representa una oportunidad concreta de tratamiento e incluso de salvar vidas.
INSTITUCIONES EXCLUIDAS
La iniciativa también especifica que la redistribución de recursos no afectará a instituciones consideradas estratégicas para el funcionamiento del Estado.
Quedan expresamente excluidos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación y Ciencias, el propio Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República.
La reasignación se concentraría únicamente en organismos de la Administración Central cuyos recursos destinados a determinados gastos de funcionamiento, bienes de consumo o inversiones puedan ser revisados sin comprometer la prestación de servicios esenciales.
RESPUESTA A UNA DEMANDA CIUDADANA
El proyecto sostiene que la ciudadanía espera que los recursos provenientes de los impuestos sean administrados con criterios de eficiencia y orientados prioritariamente a resolver los problemas más urgentes del país.
En ese sentido, plantea que fortalecer financieramente la compra de medicamentos constituye una decisión de política pública que prioriza el bienestar de la población mediante un uso más eficiente del presupuesto existente.
De ser aprobado, el proyecto permitiría al Ministerio de Salud disponer de mayores recursos para garantizar el abastecimiento de medicamentos en hospitales, centros y puestos de salud, reforzando la capacidad de respuesta del sistema sanitario sin modificar el equilibrio de las finanzas públicas.
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