El presidente de la República, Santiago Peña, dirigió una solicitud formal al contralor general, Dr. Camilo Benítez Aldana, para que la institución realice un “examen de correspondencia” exhaustivo y anticipado sobre sus declaraciones juradas. El mandatario busca que la ciudadanía conozca con total transparencia el origen y la evolución de su patrimonio, en un gesto que pretende acallar las críticas y demostrar la legitimidad de sus bienes.
En la misiva, Peña invoca el artículo 283 de la Constitución Nacional y la Ley N° 5033/13 para pedir que se emita un dictamen oficial sobre la consistencia de sus declaraciones. “Dicho pedido lo realizo en la convicción firme que me ha acompañado durante toda mi vida, no solo de que la ciudadanía que me honró con este alto cargo tiene derecho a saber que su presidente de la República no tiene absolutamente nada que esconder, sino también en aras de tutelar mi buen nombre», expresó el jefe de Estado.
INFORMACIONES FALSAS, INEXACTAS E INTERESADAS
El presidente apuntó directamente contra informaciones que calificó de “falsas, inexactas e interesadas», las cuales, según él, «se alejan largamente del mandato constitucional de que la información debe ser veraz, responsable y ecuánime».
Si bien la ley establece que este tipo de examen patrimonial se realiza al cesar en el cargo, Peña manifestó su “deseo firme” de que el control se efectúe en este momento. El objetivo, subrayó, es “que todos los paraguayos sepan la verdad hoy; que todo lo que tengo se encuentra absolutamente respaldado en documentos fehacientes y es merced a ingresos lícitos, resultado de toda una vida de trabajo, tanto en el sector público como en el privado”.
ACLARACIÓN SOBRE INCREMENTO PATRIMONIAL
En un punto clave de su solicitud, el presidente Peña abordó específicamente el incremento de su patrimonio registrado entre la declaración que presentó al dejar su cargo de ministro de Hacienda en 2017 y la actual. Aseguró que dicho aumento “provino exclusivamente de mis ingresos obtenidos como profesional independiente en el sector privado”, y enfatizó que estos fueron declarados oportunamente ante la administración tributaria, pagando “en tiempo y forma todos los impuestos correspondientes”.
Para facilitar la investigación, el mandatario informó que ha cargado voluntariamente en el sistema de la Contraloría una declaración jurada actualizada con corte al 30 de septiembre de 2025.
Finalmente, Peña solicitó encarecidamente al contralor que, una vez concluido el análisis, “el resultado del dictamen correspondiente sea puesto en conocimiento de la ciudadanía toda, para demostrar que la verdad siempre prevalece sobre la mentira”.
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