En una apuesta por la transparencia y la eficiencia institucional, el Estado paraguayo ha puesto en marcha una mesa de trabajo de alto nivel para unificar los criterios que presentará ante el Examen Periódico Universal (EPU). Este mecanismo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, representa una de las evaluaciones más rigurosas en la agenda internacional.
La reunión, liderada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, junto a representantes de la Cancillería Nacional, se centró en el uso estratégico del SIMORE Plus. Esta herramienta no es solo un repositorio de datos; es el corazón del sistema nacional de monitoreo que permite rastrear, en tiempo real, el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y la efectividad de las políticas públicas locales.
UN TRABAJO DE PRECISIÓN TÉCNICA
El encuentro contó con la participación técnica del viceministro de Justicia, Rafael Caballero, y las direcciones generales de Derechos Humanos de ambas carteras, encabezadas por Rafael Escobar Sarubbi (Justicia) y Belén Morra (Cancillería).
El objetivo es claro: articular a todas las entidades del Poder Ejecutivo para que los informes nacionales no sean simples documentos burocráticos, sino el reflejo fiel de una gestión orientada a la protección de los ciudadanos.
La plataforma SIMORE Plus ha sido destacada como una pieza clave para: Ordenar las recomendaciones recibidas por organismos internacionales. Facilitar la rendición de cuentas ante la comunidad global. Servir de guía para la creación de nuevas políticas públicas con enfoque de derechos.
Con esta coordinación, Paraguay busca no solo cumplir con sus obligaciones internacionales, sino consolidar un modelo de gestión pública donde la promoción de los derechos humanos sea el eje transversal de todas sus instituciones.
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