En un paso estratégico para posicionar a Paraguay como un destino atractivo para las inversiones internacionales, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, confirmó este lunes a RCC que se encuentran en marcha profundas reformas normativas.
El objetivo central es dotar de seguridad jurídica y modernidad a los sectores de gas natural y minería, condiciones consideradas «sine qua non» para el desarrollo de infraestructuras críticas como el futuro gasoducto regional.
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR DE GAS E HIDROCARBUROS
Bejarano explicó que, con el apoyo técnico de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), se está redactando una nueva normativa que unificará y reformará la actual Ley de Hidrocarburos y la Ley de Gas Natural.
«Estamos focalizados en la construcción de una nueva normativa que va a reformar plenamente nuestras leyes actuales. Buscamos un ‘aggiornamento’ en lo que respecta al transporte y a toda la cadena del mainstream de gas natural», señaló el viceministro.
Esta reforma no solo busca actualizar procesos, sino que es el cimiento necesario para avanzar en el proyecto del gasoducto. En este sentido, el Gobierno también trabaja en:
Ente Regulador Energético: Un proyecto de ley para crear una entidad que supervise y garantice la transparencia en el sector.
Estudios de Factibilidad: Se gestiona cooperación internacional para financiar el estudio técnico completo del gasoducto.
Diplomacia Energética: Mantener el diálogo activo con Argentina y Brasil para asegurar la integración regional del proyecto.
UN NUEVO HORIZONTE PARA LA MINERÍA
En cuanto al sector minero, el viceministro anunció que el nuevo Código de Minería ya se encuentra en la etapa final de revisión por parte del equipo jurídico de la Presidencia de la República, antes de ser remitido al Poder Legislativo.
Este nuevo cuerpo legal consta de 350 artículos y está diseñado bajo estándares y prácticas mundiales. A diferencia de la legislación actual, el código pone un énfasis especial en:
Procesos extractivos modernos: Alineados con la sostenibilidad y la eficiencia.
Industrialización: El alcance de la ley no se limita a la extracción, sino que busca incentivar el procesamiento local y la creación de valor agregado.
Con estas reformas, el Gobierno busca no solo atraer capitales, sino garantizar que la explotación de los recursos naturales se traduzca en un desarrollo industrial tangible para el país.
PLAZOS
El Viceministerio de Minas y Energía estableció un plazo de entre seis y nueve meses para concluir el borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos. Al respecto, el viceministro Bejarano explicó que bajo la presidencia pro-témpore del Mercosur, el Gobierno posiciona la integración gasífera y eléctrica como ejes centrales de su agenda regional.
En el marco de la modernización del sector energético brindó detalles sobre el cronograma técnico para las reformas legales que buscan atraer inversión extranjera. Según explicó, tras la reciente revisión de los Términos de Referencia (TDR), se procederá a la contratación de consultores especializados que trabajarán en la redacción de la nueva Ley de Hidrocarburos, un proceso que se estima durará entre seis y nueve meses.
Este esfuerzo legislativo corre en paralelo a la revisión final del Código Minero, el cual ya se encuentra en manos de la Presidencia de la República para su posterior remisión al Congreso Nacional.
LIDERAZGO EN MERCOSUR: INTEGRACIÓN COMO BANDERA
Aprovechando el rol de Paraguay en la Presidencia Pro-Témpore del Mercosur, el país busca liderar la agenda de conectividad energética en el Cono Sur. Bejarano fue enfático al señalar que la prioridad absoluta es la integración gasífera y eléctrica.
«El eje de trabajo para Paraguay sigue siendo la integración. Esa visión se materializa a través del proyecto del Gasoducto Bioceánico, una obra que consideramos vital para la seguridad energética de la región», afirmó el viceministro.
El Gasoducto Bioceánico no solo representa una infraestructura clave para el transporte de gas natural entre los países vecinos, sino que se alinea con la nueva normativa de transporte y midstream que el Ejecutivo está diseñando para garantizar la viabilidad técnica y económica del proyecto.
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