La designación se realizó a partir de la terna remitida por el Consejo Nacional del Audiovisual (CNA), integrada por Ramón Alberto González Ramírez, Miguel Hermenegildo López y Natalia Fuster Cascio, conforme al procedimiento establecido en la Ley N.º 6106 de Fomento al Audiovisual Paraguayo y su reglamentación.
Al anunciarse la decisión, la ministra destacó que la nueva directora ejecutiva tendrá el desafío de impulsar una gestión abierta al diálogo con todos los actores del sector audiovisual y contribuir al fortalecimiento institucional del INAP, organismo encargado de promover el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual del país.
Pese a las controversias iniciales, el concurso había seguido adelante y el Consejo Nacional del Audiovisual elevó la terna a la Secretaría Nacional de Cultura, quedando finalmente en manos de la ministra la decisión definitiva, tal como establece la legislación vigente.
Natalia Fuster asumirá ahora la conducción de una institución que atraviesa una etapa clave para el fortalecimiento del sector audiovisual paraguayo. Entre sus principales desafíos figuran la administración del Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo (FONAP), la ejecución de programas de incentivo a la producción nacional, la atracción de coproducciones internacionales y la consolidación de políticas públicas que permitan posicionar a Paraguay como un destino competitivo para la industria audiovisual.
La nueva administración también deberá trabajar en la reconstrucción de la confianza entre los distintos actores del sector, luego de un proceso de selección que dejó expuestas diferencias entre gremios, productores, artistas y representantes institucionales, sobre todo desde el punto de vista ideológico.
El desafío inmediato, según datos de la Secretaría Nacional de Cultura, será consolidar un espacio de diálogo que permita fortalecer la institucionalidad del INAP y dar continuidad a las políticas de fomento impulsadas desde su creación.
CUESTIONAMIENTOS
Cabe recordar que la posibilidad de que Ramón Alberto González, identificado públicamente por su activismo en favor de la agenda LGBT, provocó fuertes reacciones desde sectores conservadores y provida, que consideran que su eventual designación contradecía el discurso de un Gobierno que llegó al poder reivindicando los principios de “Dios, Patria y Familia”.
En ese sentido, la senadora Lizarella Valiente y el abogado José Ocampos manifestaron su rechazo a que un activista LGBT asuma un cargo de conducción dentro de una institución cultural del Estado, argumentando que el activismo ideológico resultaba incompatible con la administración de organismos públicos financiados con recursos de los contribuyentes.
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