En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su Dirección de Mercados de Carbono, lanzó oficialmente un concurso internacional para diseñar la Estrategia Nacional de Mercados de Carbono y el Manual Operativo del Artículo 6. Mientras Washington prioriza su agenda interna desmarcándose de las metas de emisiones, Asunción —con el respaldo del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI)— busca insertar al país en la arquitectura financiera del clima de manera «robusta, transparente y estratégica».
Esta decisión no es solo una declaración de principios ambientales; las autoridades oficiales estiman que es un «movimiento pragmático». Entienden que, a diferencia de los gigantes industriales, su oportunidad reside en capitalizar su capital natural bajo reglas de juego internacionales claras.
LOS DETALLES DE LA CONVOCATORIA: UN ESTÁNDAR DE RIGOR
La consultoría, que tendrá una duración de cinco meses, busca traducir la Ley 7190/23 y el reciente Decreto 3369/25 en procesos operativos reales. No se trata de una declaración de intenciones, sino de la creación de flujos de trabajo, criterios de elegibilidad y gestión de riesgos de «sobreventa» de créditos, asegurando que el país no comprometa su propia meta climática al vender bonos a terceros.
El llamado exige una alianza estratégica: un consorcio formado por una firma internacional y una nacional. Esto garantiza que el conocimiento global sobre el Artículo 6 del Acuerdo de París se fusione con la realidad jurídica y territorial paraguaya. Las firmas interesadas tienen tiempo hasta el 31 de enero a las 04:00 (hora de Paraguay) para presentar sus propuestas a través del portal electrónico de GGGI.
Las críticas de Estados Unidos al Acuerdo de París, principalmente impulsadas por la administración Trump, se centran en la percepción de cargas económicas injustas que perjudicaban la competitividad estadounidense, limitaban la producción de combustibles fósiles y favorecían a otros países, como China.
Argumentan que el acuerdo impone regulaciones onerosas, desvía fondos y frena la economía, pese a que EE.UU. ya reduce emisiones con políticas internas, buscando un enfoque más «America First» y menos intervencionista en el clima.
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