Este lunes, víctimas organizadas en la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés se movilizaron frente al Congreso Nacional y en juzgados de paz de Capital y Central, reclamando la aplicación efectiva de la nueva ley de saneamiento, promulgada recientemente, y denunciando la inacción —o complicidad— del sistema judicial.
Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora, explicó a RCC Radio que brigadas de víctimas recorren juzgados en busca de expedientes, muchos de los cuales no pueden ser localizados, pese a que derivaron en embargos y descuentos salariales que dejaron a miles de personas sin ingresos suficientes para subsistir. “Las leyes siempre fueron buenas; el problema es la falta de aplicación. Hoy el mayor obstáculo sigue siendo el ámbito judicial”, sostuvo Coronel.
DENUNCIAN INACCIÓN JUDICIAL Y PIDEN JUICIO POLÍTICO
Las víctimas presentaron un relatorio ante la Comisión Permanente del Congreso, en el que detallan años de reclamos sin respuesta y denuncian la inoperancia del Poder Judicial, señalando directamente a la Corte Suprema de Justicia.
Según Coronel, esta situación amerita incluso el inicio de un juicio político, al considerar que mientras no se “corte” el problema desde la cúpula judicial, el esquema seguirá reproduciéndose.
“No es un ataque personal contra ministros, sino una reacción legítima frente a la violación sistemática de derechos humanos fundamentales de más de 17.000 familias”, afirmó.
LA LEY RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA CRIMINAL
La nueva ley, promulgada por el presidente Santiago Peña, es vista por las víctimas como un paso clave, ya que reconoce explícitamente la existencia de una ‘mafia’, es decir, de una estructura criminal organizada.
“Eso obliga al Estado y a la Fiscalía a investigar como crimen organizado, identificar responsables y caracterizar los delitos”, remarcó Coronel, quien exigió informes formales y acciones concretas del Ministerio Público.
SALARIOS EMBARGADOS Y VIDAS DESTRUIDAS
Más allá de los números, las víctimas advierten que el daño es profundamente humano. Coronel relató el caso de un trabajador de San Pedro de Ycuamandyjú, que junto a su esposa y su hijo pequeño sobrevive con apenas ₲ 200.000 al mes, alimentándose casi exclusivamente de reviro, sin acceso a productos básicos de higiene. “Con ese dinero no se vive ni una semana. Y miles están en la misma situación”, lamentó.
ACCESO A LA DEFENSA, EL RECLAMO CENTRAL
Uno de los mayores problemas es que los juicios se concentran en Capital y Central, mientras que la mayoría de las víctimas vive en el interior del país, lo que les impide acceder a sus expedientes y ejercer su derecho a la defensa.
Por ello, la Coordinadora impulsa un proyecto de ley para trasladar los expedientes a los juzgados de paz de los distritos de las víctimas, además de una iniciativa de indemnización por daño y perjuicio. “El derecho a la defensa está garantizado por la Constitución. Hoy, para miles de paraguayos, ese derecho fue pisoteado”, concluyó Coronel.
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