La crisis de Ueno Bank volvió a encender las alarmas entre los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), que reclaman explicaciones sobre los fondos de la previsional depositados en la entidad financiera y exigen una investigación que permita determinar cuánto dinero está comprometido y cuál es su destino.
En entrevista con RCC Radio, Gustavo Canata, representante del gremio de jubilados, recordó que el sector ya había presentado una denuncia penal en marzo y, junto con la diputada Vallejo, había solicitado a la Contraloría General de la República investigar el caso a comienzos de 2026. Sin embargo, según lamentó, aquellas advertencias no recibieron la atención necesaria. “Lastimosamente nadie tomó ninguna responsabilidad al respecto en todo este periodo y llegó esto”, expresó.
Canata señaló que inicialmente se hablaba de unos USD 345 millones vinculados al IPS, aunque las informaciones posteriores apuntan a cifras superiores. Por esa razón, la Unión Nacional de Jubilados presentó notas ante las autoridades de la previsional para obtener un detalle preciso de los depósitos y conocer cuánto dinero existe en cada entidad bancaria.
El dirigente aclaró que todavía no cuentan con una cifra oficial y que esperan recibir la información solicitada para dimensionar la exposición real del IPS.
RECLAMAN INVESTIGAR EL DESTINO DE LOS FONDOS
Para los jubilados, la preocupación no se limita a recuperar los recursos comprometidos, sino también a esclarecer cómo se tomaron las decisiones de inversión y quiénes tuvieron responsabilidad en ellas.
Canata sostuvo que la investigación debe seguir la ruta del dinero y no limitarse a los procedimientos y allanamientos realizados hasta ahora. En ese sentido, anunció que el sector prevé presentar una nueva nota ante el Ministerio Público para solicitar que no se abandone ninguna línea investigativa.
También manifestó que los jubilados están dispuestos a colaborar con las investigaciones y que analizan solicitar al IPS la incorporación de cuatro auditores para examinar dónde fueron depositados los fondos, cómo se realizaron las operaciones y cuál es la disponibilidad real de los recursos. “Queremos saber dónde está la plata, cómo se metió y qué cantidad de dinero hay en disponibilidad real”, resumió.
El representante gremial también pidió esclarecer la situación de aproximadamente USD 30 millones que, según explicó, estarían vinculados a un fondo relacionado con préstamos a jubilados y trabajadores. Aclaró que esos recursos no pertenecerían directamente al IPS, sino a quienes otorgaron los créditos, por lo que considera indispensable determinar su ubicación y situación actual.
“IPS SIN POLÍTICOS”: RECLAMAN CAMBIAR LA GOBERNANZA
Más allá del caso Ueno, Canata sostuvo que la crisis debe servir para impulsar una reforma estructural del IPS, especialmente en el sistema de designación de sus autoridades.
Recordó que el gremio viene trabajando desde hace aproximadamente tres años en una propuesta para modificar la gobernanza de la institución. La iniciativa, denominada “IPS sin políticos”, busca separar la elección de los representantes de los sectores de la influencia directa del Poder Ejecutivo.
La propuesta plantea que los jubilados elijan a sus propios representantes, que los trabajadores hagan lo mismo y que el sector patronal también designe directamente a sus delegados. “Nosotros creemos que el IPS debe ser manejado por técnicos, no más políticos con un nivel bajísimo de preparación en el área financiera”, manifestó.
Canata argumentó que una institución que administra alrededor de USD 3.000 millones en el mercado financiero no puede quedar sujeta a decisiones improvisadas ni depender de unas pocas personas. A su criterio, se necesita un equipo profesional con capacidad de planificación, análisis de riesgos y visión de largo plazo para garantizar el pago de las jubilaciones durante las próximas décadas.
En esa misma línea, informó que la Unión Nacional de Jubilados presentó una nota a la Presidencia de la República solicitando el cambio de los representantes del sector jubilado en el Consejo de Administración del IPS y la incorporación de un perfil técnico. Indicó que no propusieron nombres y que esperan ser convocados para presentar una terna.
MÁS DE UN MILLÓN DE APORTANTES Y 91.000 JUBILADOS
Canata recordó la dimensión social y económica del IPS: actualmente cuenta con unos 91.000 jubilados y 1.093.000 aportantes, mientras que el sistema de salud atiende aproximadamente a 1.750.000 personas al año.
Por ello, advirtió que las consecuencias de una administración deficiente no afectan únicamente a quienes ya reciben una jubilación, sino también a los trabajadores activos y a las futuras generaciones que dependen de la sostenibilidad del sistema.
El dirigente también cuestionó la gestión administrativa del área de salud. Consideró que los problemas del IPS no son exclusivamente financieros, sino que responden, en buena medida, a deficiencias de organización y administración.
Como ejemplo, señaló que el Hospital Central necesita una conducción administrativa profesional y especializada, y cuestionó que responsabilidades de gestión recaigan en personas cuya formación médica no necesariamente las prepara para administrar estructuras hospitalarias complejas.
A su entender, cada área debe estar dirigida por profesionales capacitados para resolver sus problemas específicos.
RECONOCIMIENTO AL FONDO DE GARANTÍA, PERO EXIGEN RECUPERAR EL DINERO
Durante la entrevista, Canata destacó el funcionamiento del fondo de garantía que permitió comenzar a devolver parte de los depósitos a los ahorristas de Ueno Bank en un plazo reducido.
Calificó como acertada la decisión de haber creado ese mecanismo y reconoció la capacidad técnica demostrada para activar los pagos. No obstante, remarcó que la cobertura de garantía no sustituye la obligación de investigar el destino de los recursos ni de procurar su recuperación.
El representante de los jubilados insistió en que el caso debe abrir una nueva etapa de transparencia, controles efectivos y responsabilidad institucional.
Finalmente, sostuvo que la lucha del sector no apunta solamente a proteger los ingresos de los actuales jubilados. También busca preservar el sistema para los trabajadores que hoy aportan y que esperan recibir una jubilación dentro de 20 o 30 años. “Trabajamos más por los que van a venir que por lo que nosotros estamos recibiendo”, expresó.
La crisis de Ueno Bank, desde esta perspectiva, vuelve a colocar sobre la mesa una discusión de fondo: quién administra los recursos de los trabajadores paraguayos, bajo qué controles y con qué garantías de que el dinero estará disponible cuando llegue el momento de jubilarse.
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