La imputación fue presentada por el fiscal Julio Ortiz, quien sostiene que durante las administraciones de Bataglia y Brítez se habrían autorizado sucesivas modificaciones contractuales y pagos a la empresa adjudicada, pese a que las condiciones necesarias para ejecutar las obras no estaban dadas.
Además de los dos expresidentes, fueron imputados Hugo Enrique Aranda, exgerente de Logística y Abastecimiento; Juan Manuel Villar López, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; José Raúl Coronel Acosta, exdirector de Mantenimiento; y Rosa Colmán (ya detenida este miércoles) por la Policía Nacional), abogada de la Dirección Jurídica, todos vinculados al periodo de Bataglia.
Por la administración de Brítez fueron imputados Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, exdirector de Abastecimiento y Logística; Marcelo Bordón Leiva, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Verónica Alexandra Blanco Bogado, exdirectora de Mantenimiento. Se espera que haya más detenidos, sobre todo de ambos expresidentes.
SE PAGÓ PESE A QUE LAS OBRAS NO PODÍAN EJECUTARSE
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en abril de 2024 y de observaciones formuladas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) respecto al contrato para el “reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el Hospital Central del IPS”.
El proyecto había sido adjudicado a Neighpart SA mediante una licitación pública por un monto inicial de aproximadamente G. 53.000 millones. Según la hipótesis fiscal, el problema central radica en que el área destinada a las obras no se encontraba liberada ni preparada para iniciar los trabajos.
Pese a ello, según la imputación, durante las administraciones investigadas se habrían firmado sucesivas adendas que modificaron plazos, condiciones de ejecución y mecanismos de pago.
La Fiscalía sostiene que estas decisiones habrían permitido que la empresa adjudicada continuara recibiendo desembolsos, aunque las obras no podían avanzar por la falta de disponibilidad de la zona donde debían instalarse los quirófanos.
Durante la gestión de Bataglia, fueron suscriptas las Adendas N.º 3 y 4, mediante las cuales se modificaron plazos y condiciones contractuales. Entre los desembolsos mencionados por la investigación figura un anticipo de G. 10.600 millones, equivalente al 20% del contrato, además de otros pagos millonarios.
Posteriormente, se habría autorizado otro desembolso de G. 8.186 millones, pese a que, según la Fiscalía, ya existían elementos que indicaban que correspondía suspender el contrato debido a la imposibilidad de ejecutar los trabajos.
La investigación también señala a Rosa Colmán, quien habría elaborado dictámenes jurídicos considerados favorables a la viabilidad de las adendas.
NUEVAS ADENDAS DURANTE LA GESTIÓN DE JORGE BRÍTEZ
El Ministerio Público también atribuye responsabilidad a funcionarios que acompañaron la administración de Jorge Brítez en el IPS. Durante ese periodo fueron suscriptas las Adendas N.º 5, 6 y 7, en agosto y diciembre de 2024 y septiembre de 2025, respectivamente. Con estos documentos se habrían vuelto a modificar los plazos y el cronograma de ejecución del proyecto.
La Fiscalía sostiene que estas decisiones se adoptaron pese a que ya existían antecedentes de auditorías y observaciones sobre el contrato original. Para el Ministerio Público, las sucesivas modificaciones habrían terminado favoreciendo a la empresa adjudicada y profundizando el perjuicio patrimonial para el IPS.
QUIRÓFANOS Y PLACAS FOTOVOLTAICAS NUNCA FUERON INSTALADOS
Uno de los puntos más relevantes de la imputación es que, pese a los pagos y modificaciones contractuales, los quirófanos modulares nunca llegaron a instalarse.
Tampoco fueron colocadas las placas fotovoltaicas previstas para el Hospital Central del IPS, según los elementos citados por la Fiscalía.
De acuerdo con la acusación preliminar, esta situación habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 61.000 millones.
FISCALÍA PIDE PRISIÓN PREVENTIVA Y EMBARGO DE BIENES
Ante la gravedad de los hechos investigados, el fiscal Julio Ortiz solicitó la prisión preventiva de los nueve imputados, argumentando, entre otros aspectos, que la expectativa de pena por el hecho investigado puede alcanzar hasta 10 años de prisión.
Asimismo, requirió el embargo preventivo de los bienes de los procesados hasta cubrir G. 61.000 millones, monto establecido como presunto perjuicio al patrimonio del IPS.
También solicitó la inhibición general de vender y gravar bienes de los imputados.
La causa deberá avanzar ahora en sede judicial, donde se analizarán los argumentos de la Fiscalía y las medidas cautelares solicitadas contra los exdirectivos y exfuncionarios del IPS.
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