En una entrevista concedida a RCC Radio este martes, el titular del INDERT afirmó que, durante décadas, la institución dejó de lado uno de sus principales mandatos constitucionales: otorgar seguridad jurídica a las familias campesinas mediante la titulación de sus tierras.
«El cambio fundamental es la voluntad política. La reforma agraria tiene rango constitucional y, sin embargo, durante muchos años no fue tratada como una prioridad», expresó.
Ruiz Díaz recordó que los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional establecen que la reforma agraria debe integrar al campesino al desarrollo económico y social. Sin embargo, señaló que, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2018, alrededor del 95% de los campesinos paraguayos poseen tierras, pero carecen del título de propiedad. “Después de más de un siglo de reforma agraria, solamente el 5% de las tierras destinadas al campesinado fue efectivamente titulada», afirmó.
REGULARIZACIÓN DE ANTIGUAS COLONIAS
El presidente del INDERT explicó que, además de avanzar con nuevos títulos, la institución enfrenta el desafío de regularizar antiguas colonias cuyos pobladores pagaron sus lotes hace décadas, pero nunca recibieron la documentación correspondiente.
Como ejemplo, mencionó el caso de la comunidad Empalado, en Caaguazú, donde una controversia sobre el cobro de impuestos municipales permitió descubrir que numerosas familias habían abonado sus tierras al antiguo Instituto de Bienestar Rural (IBR), pero jamás obtuvieron sus títulos de propiedad.
Tras una investigación histórica, el INDERT constató que la colonia fue creada originalmente en 1845 por el entonces presidente Carlos Antonio López para frenar el avance de los bandeirantes brasileños y que posteriormente fue incorporada al proceso de colonización oficial.
Según Ruiz Díaz, actualmente existen unas 62.000 familias en todo el país que se encuentran en situaciones similares y esperan la regularización definitiva de sus propiedades.
También mencionó el hallazgo de la antigua colonia Sebastián Gaboto, en Ñeembucú, creada tras la Guerra de la Triple Alianza dentro de las primeras políticas de colonización del Paraguay, cuyos antecedentes fueron recuperados gracias al trabajo de campo realizado por funcionarios del instituto.
«NUEVA RURALIDAD»
Durante la entrevista, Ruiz Díaz sostuvo que la realidad del campo paraguayo cambió profundamente y que el actual Estatuto Agrario ya no refleja las necesidades del sector rural.
Explicó que hoy las familias campesinas no dependen exclusivamente de la agricultura de subsistencia, sino que desarrollan múltiples actividades económicas, como ganadería, producción lechera, avicultura, turismo rural e incluso participan de cadenas agroindustriales orientadas a la exportación.
Citó como ejemplos a productores del departamento de Ñeembucú, donde el turismo gana protagonismo, y a colonias del Chaco integradas a la cadena láctea de la Cooperativa Lolita, además de comunidades recientemente tituladas que podrán incorporarse a estos circuitos productivos.
A criterio del presidente del INDERT, esta transformación exige una actualización del enfoque de la reforma agraria. «La nueva ruralidad reconoce que el desarrollo del campo ya no depende solamente de la agricultura, sino de una economía diversificada, con empleo no agrícola, integración a cadenas de valor y, sobre todo, con seguridad jurídica sobre la tierra», afirmó.
Asimismo, advirtió que uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sector rural es el envejecimiento de la población campesina, consecuencia —según indicó— de la falta de titulación y de oportunidades para las nuevas generaciones.
Finalmente, señaló que el fortalecimiento de la seguridad jurídica mediante la entrega de títulos constituye una herramienta clave para impulsar inversiones, facilitar el acceso al crédito y generar condiciones para que más jóvenes permanezcan y desarrollen proyectos productivos en el campo paraguayo.
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