Ruíz Díaz detalló que existen tres filtros institucionales infranqueables en el circuito oficial: el propio INDERT, la Dirección General de los Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro. Explicó que, por ley, un beneficiario varón debe pagar por su lote durante 10 años (15 años en el caso de las mujeres) y, una vez cancelada la deuda, debe esperar obligatoriamente otros 10 años antes de quedar habilitado para transferir la propiedad.
«Si sos mujer y tu lote se fraccionó en 15 cuotas anuales, al terminar de pagar tenés que esperar otros 10 años para vender. Esto significa que recién 25 años después de haber accedido a la tierra podés solicitar la constancia de cancelación en el instituto, un documento que hoy se expide exclusivamente por sistema, de forma digital y no manual», puntualizó el titular del ente.
El presidente reconoció la existencia de «acuerdos marginales privados» (como empeños de títulos por préstamos), pero aclaró que son contratos informales que no tienen validez legal ni figuran en ningún registro oficial. «La transferencia directa es imposible y los escribanos lo saben; es un delito penal», enfatizó.
DESFASE INSTITUCIONAL Y «UN SIGLO DETRÁS DEL PROGRESO»
Al ser consultado sobre las irregularidades históricas y el uso de la reforma agraria para favorecer a sectores no sujetos de la misma, Ruíz Díaz describió un panorama complejo. Afirmó que el INDERT arrastra décadas de debilidad institucional y se encuentra «un siglo detrás del desarrollo».
Como ejemplo de este desfase, citó casos de antiguas colonias rurales que con el paso de las décadas se transformaron por completo:
Comunidad de Empalado: Creada a mediados del siglo XIX y habilitada en 1963, donde hoy existen residencias de dos pisos con piscina, pero cuyos ocupantes nunca recibieron sus títulos por inacción del Estado.
Colonia Genaro Romero (Cnel. Oviedo): Con 128 años de antigüedad, actualmente alberga hoteles, estaciones de servicio e industrias con cientos de empleados en zonas que los estatutos del INDERT todavía consideran técnicamente agrícolas.
San Lázaro: Cuenta con 22 industrias que generan 4.000 puestos de trabajo para jóvenes de la zona norte, pero cuyos terrenos siguen bajo la administración del ente agrario por falta de una actualización normativa.
DESCALCES DE TIERRA Y CONFLICTOS HEREDADOS
El titular del INDERT reveló que, mediante el uso de tecnología catastral de alta precisión y georreferenciación, están detectando graves descalces patrimoniales heredados de administraciones anteriores.
Mencionó un caso reciente donde el Estado pagó históricamente por un título de 2.000 hectáreas, pero al medir el terreno de forma real solo encontraron 1.500 hectáreas. Ante esto, la institución optó por titular las tierras reales a los campesinos y denunciar el faltante ante la Fiscalía para evitar un daño patrimonial al Estado.
SUPERPOSICIONES DE TÍTULOS
Finalmente, respecto a las superposiciones de títulos —con focos críticos detectados en Caaguazú y Canindeyú, y denuncias en Carmelo Peralta (Chaco)—, Ruíz Díaz señaló que los afectados deben iniciar juicios contra el instituto para recibir las indemnizaciones correspondientes.
Afirmó que la actual gestión radicó denuncias penales ante el Ministerio Público por desprendimientos irregulares de fincas realizados en el periodo anterior, concluyendo que en el futuro el país necesitará reestructurar la institución para separar la regularización histórica de la titulación activa.
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