Durante su despedida ante el Consejo de Administración, Fretes afirmó que la auditoría y el relevamiento de las propiedades chaqueñas constituyeron uno de los trabajos más importantes de su administración y sostuvo que se detectaron irregularidades que deben ser conocidas por los asegurados, a quienes identificó como los verdaderos dueños del IPS.
“Dejate de joder que hemos encontrado irregularidades”, expresó Fretes al referirse al resultado de los trabajos realizados sobre las propiedades del instituto. Según explicó, el operativo abarcó aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados y contó con la participación de técnicos, topógrafos, personal de las Fuerzas Armadas y el apoyo del Ministerio de Defensa, el Instituto Geográfico Militar y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), que facilitó drones para el relevamiento del territorio.
El ex titular del IPS describió el procedimiento como un trabajo “silencioso”, con participación civil y militar, destinado a conocer con mayor precisión la situación de los inmuebles y las tierras de la previsional en la región Occidental.
Los resultados adquieren especial relevancia debido a que el propio IPS ya había puesto bajo revisión la situación de su patrimonio inmobiliario. Un informe presentado ante el Consejo había expuesto diferencias significativas entre los registros oficiales y datos manejados por municipalidades chaqueñas respecto de la superficie de las propiedades del instituto, situación que motivó trabajos de catastro, delimitación y saneamiento.
En ese contexto, Fretes sostuvo que, una vez concluido el estudio de situación, corresponde adoptar medidas para proteger el patrimonio institucional. “Eso los dueños tienen que enterarse”, manifestó, en referencia a los asegurados del IPS.
AUDITORÍA JURÍDICA
El expresidente también puso el foco en otra investigación que, según afirmó, se encuentra en una etapa decisiva: la auditoría de la gestión del área jurídica. “Está entrando en su epicrisis la auditoría, el trabajo, los resultados que se revisó en cuanto a la gestión del área jurídica. Enormes irregularidades”, señaló.
Fretes agregó que los asegurados también deben conocer “cómo se perjudicó a la institución”, aunque no detalló en su despedida cuáles son los hechos concretos incluidos en ese informe ni atribuyó responsabilidades individuales.
Las auditorías forman parte de una política de revisión que Fretes había anunciado desde el inicio de su administración. En mayo, había señalado que equipos de auditoría del Poder Ejecutivo y de la propia institución examinaban, entre otras áreas, las propiedades del IPS y procesos administrativos, contratos y situaciones judiciales.
La revisión del patrimonio inmobiliario se intensificó posteriormente. En agosto, el Consejo analizó un informe técnico que identificó problemas jurídicos, financieros y operativos en distintos bienes del IPS, incluyendo propiedades del Chaco.
“LA INSTITUCIÓN NO MURIÓ”
Al hacer un balance de su gestión, Fretes utilizó una expresión para describir la situación que encontró al asumir: “Cruzamos el río sin ahogarnos y pasamos a la otra orilla”.
Sostuvo que recibió una institución “descalabrada”, sin imagen y sin disponibilidad financiera, pero afirmó que logró mantenerla funcionando y encaminó una gestión basada, según sus palabras, en la transparencia y la recuperación de la credibilidad.
Fretes dejó la presidencia del IPS tras ser designado por el presidente Santiago Peña como nuevo ministro de Salud. En su reemplazo asumió Derlis León, quien manifestó que dará continuidad a los procesos iniciados durante la gestión anterior, con énfasis en el acceso a los servicios y medicamentos.
Al despedirse, Fretes también planteó una coordinación más estrecha entre el Ministerio de Salud y el IPS, bajo la idea de conformar un “Frente Único de Salud” para abordar de manera conjunta los problemas de ambas instituciones.
El desafío inmediato para la nueva administración del IPS será dar continuidad a las auditorías, esclarecer las irregularidades señaladas y establecer, cuando corresponda, las responsabilidades administrativas o judiciales que surjan de los informes. El propio IPS ha sostenido que los procesos de auditoría deben servir para determinar responsabilidades y, cuando existen elementos suficientes, derivar los casos a la Justicia.
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