La comitiva fiscal, encabezada por el agente Julio Ortiz, y acompañada por el propio presidente de la institución, Dr. Isaías Fretes y otros funcionarios, verificó inicialmente los depósitos de la previsional, donde permanecen almacenados equipos adquiridos y recepcionados hace aproximadamente tres años para los quirófanos modulares y una planta de oxígeno, pero que hasta la fecha no fueron instalados.
Posteriormente, los representantes del Ministerio Público se trasladaron hasta el sector donde debían ser construidos los quirófanos, con el objetivo de constatar las condiciones actuales de la obra y los inconvenientes que impidieron su continuidad.
El proyecto fue adjudicado a Neighpart S.A. y su paralización derivó en una causa penal en la que fueron procesados los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros funcionarios de la institución.
UNA OBRA QUE SE PLANIFICÓ SIN CONSIDERAR OBSTÁCULOS CRÍTICOS
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la planificación previa de los trabajos. El problema más delicado está relacionado con los dos equipos de resonancia magnética existentes en el Hospital Central y el campo magnético que generan.
De acuerdo con los datos expuestos durante la inspección, la construcción de los quirófanos modulares en el sitio previsto podría generar interferencias con los resonadores. Para Luján Vittale, directora de Recursos Tecnológicos del IPS, esta situación debió ser detectada y contemplada antes de avanzar con el proyecto.
La gerente de Abastecimiento y Logística, Cecilia Rodríguez, explicó por su parte que el IPS consultó a la empresa Elizeche SAC, responsable del mantenimiento de los resonadores, sobre la posibilidad de ejecutar las obras en el lugar elegido.
La respuesta fue contundente: no era posible realizar la obra dentro del predio donde comenzaron los trabajos, razón por la cual se dispuso la paralización.
También se evaluó trasladar los resonadores a otro sector del hospital, pero la alternativa implicaría un costo aproximado de US$ 750.000 solamente por mover los dos equipos.
A esto se suma otro inconveniente de infraestructura: la necesidad de readecuar un puesto de distribución de UTI que actualmente interfiere con el acceso y circulación de camiones en el sector.
“ESTO HAY QUE CONTINUAR Y TERMINAR”, SOSTIENE MASI
Durante la inspección participó el arquitecto Gustavo Masi, exdirector de Infraestructura del IPS, quien anunció que se realizará un análisis técnico para determinar si es viable continuar con el proyecto.
Masi sostuvo que, pese a los problemas detectados, considera necesario buscar una salida que permita concluir las obras debido a la falta de quirófanos suficientes en el Hospital Central. “No puede ser que una institución como el IPS no tenga quirófanos y eran 11 quirófanos, no es uno”, manifestó.
FRETES CUESTIONA EL PROCESO: PRIMERO SE DEBIÓ PLANIFICAR
El presidente del IPS, Isaías Fretes, fue aún más crítico respecto al origen del problema. Señaló que las obras comenzaron de manera incorrecta y que la institución debió definir previamente el sitio adecuado y las condiciones técnicas antes de lanzar la licitación.
Fretes sostuvo que el terreno escogido no era apropiado para ejecutar el proyecto y cuestionó especialmente la posibilidad de trasladar los resonadores.
Según explicó, aunque técnicamente el movimiento de los equipos podría realizarse, el costo no justificaría la operación y podría incluso superar el valor de los propios aparatos.
A ello se agrega un riesgo adicional: uno de los resonadores tiene 17 años de antigüedad, por lo que existe la posibilidad de que deje de funcionar durante el traslado. La movilización, además, debería ser realizada por una empresa especializada, lo que elevaría todavía más el costo.
MILLONES “INVERTIDOS” Y UNA INFRAESTRUCTURA QUE NO CUMPLE SU PROPÓSITO
El caso expone uno de los principales problemas de la gestión cuestionada: una obra de enorme costo que permanece detenida, equipos que llevan años almacenados sin cumplir su función y obstáculos técnicos que, según las propias autoridades, debieron ser identificados antes de comprometer recursos públicos.
La inspección fiscal busca precisamente aportar elementos para determinar responsabilidades y establecer cómo se llegó a una situación en la que una obra destinada a ampliar la capacidad quirúrgica del principal hospital del IPS terminó paralizada por incompatibilidades que, según los funcionarios consultados, debieron ser advertidas durante la etapa de planificación.
Mientras avanza la investigación, el desafío para la actual administración es doble: determinar qué ocurrió con los G. 61.000 millones comprometidos en el proyecto y encontrar una salida técnica y financieramente razonable que permita dotar al Hospital Central de los quirófanos que necesita, evitando que la solución termine generando un perjuicio todavía mayor para los asegurados.
Dejá tu comentario