Desde las primeras horas de la mañana, miles de docentes de la capital y diversos puntos del interior del país coparon las calles de Asunción, manifestando su rechazo a una normativa que, según los gremios, lesiona derechos adquiridos y pone en riesgo la estabilidad del sistema jubilatorio para educadores, fuerzas públicas y magistrados.
La masividad de la protesta y el bloqueo de puntos estratégicos generaron un escenario de incertidumbre que obligó al oficialismo a recalcular su estrategia legislativa. Lo que inicialmente parecía una votación inminente, se transformó en una retirada estratégica ante la imposibilidad de ignorar el descontento social.
UNA TREGUA DE SIETE A 15 DÍAS
El vicepresidente Alliana fue el encargado de desactivar la crisis momentáneamente. «Acabo de comunicar que nosotros vamos a acompañar el pedido de aplazamiento por una semana o 15 días», declaró a los medios, sumándose así a la postura que ya venían sosteniendo tanto la bancada democrática (oposición) como los colorados disidentes.
Según el segundo del Ejecutivo, este tiempo extra se utilizará para abrir canales de diálogo. “Se va a seguir conversando; yo creo que una semana o 15 días va a servir para ajustar algunos detalles”, puntualizó, dejando entrever que el proyecto original sufrirá modificaciones antes de volver a ser puesto en el orden del día.
ESCENARIO INCIERTO
A pesar de la postergación, el ambiente sigue siendo de cautela entre los sindicatos y gremios afectados. Si bien la decisión del Gobierno representa un triunfo para la movilización ciudadana, el fondo de la cuestión —la sostenibilidad de la Caja Fiscal y los años de aporte— sigue sin resolverse. La próxima semana será clave para determinar si estos «ajustes» anunciados por Alliana logran satisfacer las demandas de los docentes o si la tregua solo servirá para reavivar las protestas.
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