Así lo sostuvo el especialista en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar, durante una entrevista con RCC Radio, al alertar que hoy descargar una aplicación implica aceptar permisos que permiten el acceso a información mucho más amplia de lo que las empresas declaran públicamente.
“Esto no se trata de generar miedo, se trata de aprender a usar la tecnología con propósito y entendiendo los riesgos. Los escenarios cambiaron y los gobiernos están empezando a reaccionar”, afirmó.
Gaspar explicó que los permisos solicitados por las aplicaciones funcionan, en muchos casos, como un eufemismo que oculta prácticas de recolección masiva de datos. Investigaciones científicas, auditorías técnicas y acciones judiciales han demostrado que las grandes tecnológicas recolectan mucha más información de la que informan a los usuarios.
Destacó especialmente el caso de Estados Unidos, donde fiscales generales cuentan con el respaldo jurídico y tecnológico suficiente para sentar en el banquillo a las grandes empresas tecnológicas. “Ese es el modelo que Paraguay debería aspirar a tener: una Fiscalía con músculo técnico y legal para exigir explicaciones y sancionar abusos”, subrayó.
El especialista advirtió que no solo las grandes plataformas como Meta, Google o Microsoft vulneran la privacidad, sino también aplicaciones locales, desarrolladas sin controles, que recolectan datos sin que los usuarios siquiera lo sepan.
DEMANDAS MILLONARIAS Y PRÁCTICAS COMPROBADAS
Gaspar recordó que Google aceptó recientemente pagar unos 68 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva vinculada a grabaciones no autorizadas a través de su asistente de voz. Sin embargo, aclaró que las investigaciones contra Google y Meta llevan más de cuatro años, con participación de usuarios, empresas, fiscalías estatales e incluso organismos federales como el FBI.
En el caso de Meta, citó uno de los procesos judiciales colectivos más grandes de la historia reciente, iniciado tras un episodio ocurrido en Texas: un hombre recibió la noticia de que padecía cáncer durante una videollamada médica, mientras en la habitación había un asistente de voz. Horas después, toda su familia comenzó a recibir publicidad sobre tratamientos oncológicos en sus dispositivos.
Ese hecho derivó en demandas en más de 40 estados de EE. UU. por el tratamiento indebido de datos personales.
EL TELÉFONO NO SOLO ESCUCHA: PERFILA CONDUCTAS
El especialista remarcó que el problema va mucho más allá del micrófono. Los smartphones cuentan con múltiples sensores físicos —cámara, micrófono, giroscopio, acelerómetro, Bluetooth, infrarrojo, sensores de proximidad, luz ambiente y magnetómetro— que permiten construir perfiles de comportamiento, no simples bases de datos aisladas.
“Las empresas no solo saben qué hacemos, sino cómo nos movemos, qué hábitos tenemos y cómo reaccionamos. Esa información comportamental es la que está en el centro de las investigaciones actuales”, explicó.
A esto se suman los llamados “patrones oscuros”, diseños de interfaz creados para inducir al usuario a aceptar condiciones que no comprende plenamente, ocultando prácticas invasivas dentro de contratos extensos y confusos.
NIÑOS Y ADOLESCENTES, LOS MÁS EXPUESTOS
Gaspar alertó además sobre la exposición de niños y adolescentes, a quienes se les entrega teléfonos inteligentes sin advertir que la recolección pasiva de datos también los afecta. Las políticas de privacidad suelen mencionar edades mínimas, pero incluyen cláusulas que remiten a la legislación local, que en Paraguay establece la mayoría de edad a los 18 años. “Hay una responsabilidad estatal indelegable en la protección de los menores en el entorno digital”, enfatizó.
El especialista fue categórico al señalar que no es ético esconder prácticas de vigilancia dentro de contratos de 50 o 60 páginas que nadie lee, y que la respuesta no puede limitarse a responsabilizar al usuario.
“Cuando un país tiene una ley de protección de datos, el usuario nunca deja de ser dueño de su información. Por eso es clave que Paraguay regule de forma robusta su nueva ley y obligue al Estado a brindar herramientas reales para ejercer ese derecho”, afirmó.
Citó como ejemplos a Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y Australia, donde los Estados analizan condiciones de uso, detectan cláusulas engañosas y cuestionan la ética de las empresas tecnológicas.
FALTA DE CONTROL EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES
Gaspar advirtió que en Paraguay no existe un control efectivo sobre quién desarrolla aplicaciones ni qué hacen con los datos. En muchos casos, ni siquiera los propios desarrolladores son conscientes de la información que recolectan las herramientas que utilizan.
La situación se agrava con el uso de inteligencia artificial para generar código sin conocimientos técnicos, lo que incrementa el riesgo de vulnerabilidades, fallas de seguridad y abuso de datos.
Si bien reconoció el trabajo de gremios como la Cámara Paraguaya del Software, insistió en que falta capacitación, regulación y control académico, y que el desarrollo ético y documentado debe ser una exigencia, no una excepción.
EL USUARIO SIGUE SIENDO VULNERABLE
Finalmente, Gaspar recordó que el usuario sigue siendo el eslabón más débil. Recomendó capacitarse, utilizar herramientas de seguridad, cerrar accesos a micrófono y cámara, activar la verificación en dos pasos y no delegar totalmente la seguridad en los fabricantes.
Consultado sobre qué aplicación considera más peligrosa para la privacidad, fue tajante: TikTok, por su alto nivel de recolección de datos, su impacto en la salud emocional y las ciberadicciones, especialmente en niños y adolescentes. “No es algo que quisiera para mi gente”, concluyó.
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