El sistema penitenciario paraguayo atraviesa un proceso de reordenamiento que, según las autoridades, genera resistencias naturales en sectores que antes operaban bajo la irregularidad. Tras el intento de amotinamiento del pasado domingo en Tacumbú, el ministro Rodrigo Nicora explicó que el incidente fue una reacción directa a las nuevas medidas de seguridad en el régimen de visitas.
Nicora reveló que el descontento se originó tras una resolución que prohíbe el ingreso de familiares a los pabellones, obligándolos a permanecer estrictamente en las áreas designadas para visitas. «Anteriormente, las personas ingresaban hasta los dormitorios de los internos, lo que generaba riesgos altísimos. Recordemos que en 2023 llegamos a tener mujeres retenidas contra su voluntad en esos sectores», señaló el Ministro.
Otra medida que «encendió la chispa» fue la restricción para que internos sin familiares asignados no circulen por el sector de visitas, evitando así aglomeraciones innecesarias y posibles disturbios. El intento de motín fue desactivado en menos de 30 minutos gracias a la intervención de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional (FOPE).
DESCOMPRESIÓN Y EL NUEVO MODELO PENITENCIARIO
Ante el cuestionamiento sobre el hacinamiento, el titular de Justicia presentó datos actualizados sobre el uso de las nuevas sedes penitenciarias: Minga Guazú: Operando al 70%. Emboscada (Lote 1): Al 52%. Emboscada (Martín Mendoza): Al 23%.
Una vez habilitados al 100%, estos centros permitirán trasladar a más de 1.000 personas adicionales, aliviando la carga de penales críticos. Sin embargo, Nicora enfatizó que la solución de fondo depende de la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente, el 63% de la población penitenciaria (unas 12.000 personas) se encuentra bajo prisión preventiva sin condena firme. «Aunque hemos bajado ese índice desde un 70% en 2021, el flujo de nuevas causas judiciales sigue siendo muy alto», admitió.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: MÁS DE 70 DESVINCULACIONES
Uno de los pilares de la gestión de Nicora es la depuración del cuerpo de guardiacárceles. El ministro confirmó que 75 agentes penitenciarios han sido desvinculados recientemente tras detectarse vínculos con el narcotráfico, hechos de corrupción o ausencias injustificadas. «No vamos a apoyar ninguna irregularidad. La única manera de sanear el sistema es con un control constante y remitiendo los antecedentes al Ministerio Público», sentenció.
¿EL CIERRE DEFINITIVO DE TACUMBÚ?
Sobre la posibilidad de clausurar el histórico penal de la capital, Nicora fue cauteloso pero realista. Reconoció que la ubicación es problemática por la densidad poblacional civil que rodea la cárcel, pero aclaró que para cerrar un establecimiento que alberga a más de 2.000 personas, primero se debe garantizar la infraestructura de recepción. «Es un desafío enorme, pero nuestra reingeniería actual con los nuevos centros es el primer paso para poder proyectar esa posibilidad en el futuro», concluyó.
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